En los últimos diez años, Brasil y Colombia han liderado la lista con mayor récord de asesinatos en Latinoamérica, mientras que en México se convirtió en el país más mortal en 2021, según Global Witness.

En los últimos diez años, Brasil y Colombia han liderado la lista con mayor récord de asesinatos en Latinoamérica, mientras que en México se convirtió en el país más mortal en 2021, según Global Witness.

Noticias Latinoamérica.

En América Latina, defender sus tesoros cargados de biodiversidad es casi como firmar un pacto con la muerte, así lo evidenció el último informe de Global Witness, quienes desde el 2012 llevan contando asesinatos de ambientalistas en el mundo.

De acuerdo al informe, en la última década, el 68% de los crímenes a defensores, cerca de los 1.200, ocurrieron en Latinoamérica.

Cada dos días, se desvivía un activista, pues en total, la organización documentó 1.733 asesinatos a personas que se dedicaban a la defensa del territorio y sus recursos, todo esto durante los últimos 10 años.

No obstante, la organización advirtió que no muchos de los casos llegan a denunciarse, pues ocurren en zonas de conflicto o donde existen «restricciones a la libertad de prensa o la sociedad civil y por falta de independencia en el monitoreo en los ataques».

La lista mundial

Brasil y Colombia son los países que encabezan esa lista con 342 y 322 crímenes de defensores respectivamente.

Mientras que en Filipinas ocupa el tercer lugar con 270, México de cuarto con 134 y Honduras, un país que no alcanza los diez millones de habitantes, de quinto, con 117 defensores muertos.

A principios del recuento, Brasil ha sido el país más mortal para los defensores de la naturaleza. Luego, en los últimos años, el primer lugar fue arrebatado por Colombia y en el 2021, México los superó a ambos con 54 asesinatos.

La proliferación de este fenómeno se cierne al contexto de cada país donde se resaltan los conflictos por intereses, la creciente impunidad y el olvido estatal.

Imagen sacada de El País.

Brasil 

En el caso de Brasil, «el conflicto por la tierra y los bosques es el principal motivo detrás de estos crímenes», explicó el informe.

En el país más grande de la región, cerca de un tercio de las víctimas pertenecían a miembros de comunidades indígenas o afrodescendientes.

Casi un 85% de los crímenes se produjeron en la Amazonía, un territorio principalmente resguardado por pueblos originarios y donde se desborda una «violencia e impunidad creciente», según el informe.

“Con los poderosos intereses agrícolas en el corazón de la economía brasileña tan enfocada en las exportaciones, hay una batalla por la tierra y los recursos que se ha intensificado con la elección del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, en 2018″, añade.

La tala ilegal de árboles, la minería, la invasión ilegal y la desfinanciación a agencias de protección de la selva y los pueblos originarios, fueron impulsados por el actual presidente de esa nación.

Colombia

En cuanto a Colombia, el reconfiguración del conflicto armado, las disputas territoriales, la minería ilegal y legal.

Como también, los fenómenos referidos al narcotráfico, cultivos de uso ilícito, son algunas de las situaciones que explican la razón del creciente «exterminio» de líderes y defensores del medioambiente.

Todo lo anterior sumado a la inacción del Estado y la pasividad de los órganos judiciales ante estos casos, son tema de constante denuncia, según se enuncia en el informe.

México

En México, los defensores ambientalistas se encuentran amenazados por el narcotráfico, los conflictos sobre la pertinencia de la tierra, la minería y la corrupción.

En un país donde la violencia es paisaje, las desapariciones por parte de «funcionarios corruptos y actores del crimen organizado» son comunes, pues en el 2021, se registraron 19.

Entre los 54 defensores asesinados, la mayoría pertenecía a grupos indígenas que, según denuncia Global Witness, son un grupo «altamente vulnerable ante la proliferación de proyectos extractivistas llevados a cabo por empresas nacionales y extranjeras y por el Gobierno mexicano».

Ante la situación referida anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que pronunciarse.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho saber su preocupación por la falta de consultas adecuadas a las comunidades potencialmente afectadas y los subsecuentes ataques a quienes se levantan contra estos proyectos”, se lee en el informe.

Lamentablemente, la mayoría de estos asesinatos terminan marcados por la impunidad. El 94% no fueron denunciados y el 0.09% han sido resueltos, según los datos de Global Witness.

Acuerdo de Escazú

Aunque Colombia y México empezaron a formar parte de la lista de los trece países que ratificaron el Acuerdo de Escazú, el gran Pacto Ambiental de América Latina y el Caribe.

Global Witness lamenta que en México «no hay mucha capacidad estatal ni presupuesto para apoyar a los ambientalistas».

Aún así, existe total anhelo que la implementación del tratado pueda mejorar la situación de los defensores ambientales.

“Creemos que el Acuerdo de Escazú puede abrir las avenidas para políticas de transparencia, de acceso a la información, de participación y también de protección y prevención de abusos en contra de personas defensoras de tierra y medio ambiente”, apunta Francisca Stuardo, asesora de la organización.

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