El caso de Keyla Martínez representa un desafío para la justicia hondureña, con indicios de una sentencia polémica para los presuntos responsables. La posible implicación de agentes de seguridad en este trágico suceso suscita serias dudas sobre la integridad del sistema judicial.
Por Lourdes Ramírez
Periodista FORO HUMANOS
A casi tres años del crimen de Keyla Martínez todo apunta a que la justicia hondureña dictará una sentencia que favorece a los presuntos culpables. Esto en un país donde se registraron 341 muertes violentas de mujeres desde enero hasta el 31 de octubre de 2023, con el agravante de que en este caso en mención, habría participación de agentes de seguridad.
A sus 26 años, Keyla Patricia Martínez Rodríguez era una aventajada estudiante de la licenciatura de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Hasta el último día de su vida, conversaba mediante videollamadas con su madre, Norma Rodríguez, residente en España, sobre sus planes a futuro: trabajar, tener una familia, apoyarse mutuamente.
“Solo quedaron los planes hechos, porque estas personas le truncaron su sueño, le rompieron sus alas. A nosotras como familia también nos arruinaron la vida. Ahora nuestra familia ya no es la misma. Cuando vamos a Honduras nos da miedo, tenemos que andarnos escondiendo. Si vamos a La Esperanza tenemos que escondernos”, relata doña Norma.
Un crimen que pudo evitarse
La noche del 6 de febrero de 2021 Keyla y su supuesto amigo, el doctor Edgar José Velásquez Orellana, fueron detenidos por el “delito” de andar en la calle en un periodo de toque de queda por la pandemia de covid-19. Una patrulla policial los condujo hasta la Unidad Departamental de Policía #10 de La Esperanza, departamento de Intibucá, 182 kilómetros al occidente de Tegucigalpa.
Al trasladarla a la sede policial pasaron frente a la casa de Keyla, pues la detención se produjo apenas a dos cuadras de distancia. El tema se pudo haber zanjado al dejarla en su lugar de residencia, pero los agentes decidieron que el “crimen” era demasiado grave, había que darle una lección y tenía que ir a parar a las ergástulas policiales.
“Se siente tanta impotencia al saber que a dos cuadras de tu casa detienen a tu hija ¿Por qué no la fueron a dejar a la casa? Cuando la llevaron a la celda de la posta policial, ellos pasaron enfrente de la casa ¿Por qué no la dejaron allí?”, es la pregunta que se hace a diario doña Norma.
“Ellos ya tenían todas las intenciones de hacerle daño a mi hija, está bien claro. Cuando filman el video, hay uno de ellos que dice: ‘qué belleza’, cuando mi hija está tratando de consolar o controlar al doctor, porque él es quien está histérico”, afirma, en relación al señor Velásquez Orellana.
Trágico desenlace para Keyla Martinez
A eso de las 2:30 de la madrugada del 7 de febrero los policías la trasladaron al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, de La Esperanza, donde reportaron que la encontraron en la celda intentando quitarse la vida, ahorcándose con un suéter. El médico que la atendió confirmó que cuando la llevaron ya estaba muerta.
Las autoridades policiales pretendieron impedir que se le practicara una autopsia y que se investigara, pero ya para entonces el crimen había generado indignación entre los pobladores, que salieron a protestar a las calles de La Esperanza. La Secretaría de Seguridad, en un intento de proteger y brindar impunidad a sus agentes, los trasladó a Tegucigalpa ese mismo día. De igual forma enviaron contingentes de antimotines para reprimir las manifestaciones.
Por la presión popular se realizó la autopsia, la que determinó como causa de muerte “asfixia por obturación de orificios respiratorios”. Es decir, que una mano homicida le tapó la nariz, boca y garganta.
La actual viceministra de Seguridad y exdirectora de Medicina Forense, doctora Semma Julissa Villanueva, sostiene que “la manera de muerte desde el punto de vista médico legal es homicida”. Ella confirmó haber visto fotografías de la autopsia y enfatiza que “nadie bajo custodia muere con claros signos de asfixia mecánica por sofocación”.
Investigación y encubrimiento
Ante la evidencia, el 11 y 12 de febrero de 2021 se citó en Medicina Forense de Tegucigalpa a 13 agentes que estaban en la posta policial la noche del crimen, para practicarles evaluaciones de salud mental, fluidos y vello púbico.
También se hizo un reconocimiento a la celda y se recolectó evidencia, incluyendo un video donde se mostraba al policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento ingresando a la celda de Keyla, donde permaneció cinco minutos. Después sale y se mantiene afuera, de forma sospechosa, sin regresar a su posición como asistente del comandante de la estación policial y encargado de las llaves de las bartolinas y custodia de los detenidos.
Ante la evidente participación policial en el homicidio, organismos como Amnistía Internacional demandaron que en la investigación se empleara el Protocolo de Minnesota Sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. Este define una muerte potencialmente ilícita donde «existe una posibilidad razonable de que haya sido causada por una violación de los derechos humanos, como una ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria, una desaparición forzada o una tortura”.
Además, plantea que las investigaciones tengan como objetivo determinar la causa, las circunstancias y los responsables de la muerte, y permitir que las víctimas y sus familiares obtengan justicia y reparación. Al final, todas las demandas de organizaciones de la sociedad civil hondureña y de entidades internacionales fueron desechadas.
