En medio de la creciente crisis democrática en Guatemala, la detención de la excandidata a diputada Marcela Blanco y la persecución a periodistas revelan un panorama tenso y desafiante. Con manifestaciones ciudadanas, exigencias de renuncias y un trasfondo de deterioro democrático, el país enfrenta un momento crucial en su historia política.
Por Diana Fuentes
Periodista FOROS HUMANOS
Brenda Fuentes, madre de la excandidata a diputada Marcela Blanco en Guatemala, se acuerda de cada detalle del día que las autoridades detuvieron a su hija por hacer comentarios en redes sociales como Instagram y X a favor de la democracia y la educación pública en ese país.
“Mi madre que todas las mañanas se levanta a dar gracias a Dios los vio: era una fila de policías y personas del Ministerio Público”, dice Brenda. Luego, reseña que, aunque llegaron a la madrugada, esperaron hasta las 6:00 a.m. para tocar la puerta e irrumpir en su vivienda como si se tratara de grandes criminales.
La excandidata, de 23 años, salió esposada en medio de un fuerte dispositivo policial el pasado 16 de noviembre. A la casa entraron 8 policías y 3 mujeres del Ministerio Público, quienes tenían la cara tapada.
Contexto político en Guatemala
Guatemala es uno de los tres países que se ubican en el norte de Centroamérica, tiene una población de casi 16 millones de habitantes y la mayoría es de origen maya, según las encuestas más recientes del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.
Un país que durante décadas mantiene un nivel de convulsión preocupante en términos de democracia y violencia, que durante los últimos 8 años se agudizó, según las estadísticas y los expertos en democracia.
Henry Morales, periodista guatemalteco para medios internacionales, dice: “Tengo 20 años de ejercer el periodismo, veo que la situación de democracia se empeoró desde hace 8 años atrás, es justamente con la de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); creo que ese fue un parteaguas en temas de democracia porque la población vio y nosotros hicimos muchos temas sobre eso, una lucha contra la corrupción que entusiasmó mucho a la población porque se involucran a políticos de alto perfil algo que en tiempos de cobertura no lo había visto entonces”.
En este año que se realizaron las elecciones a presidente, alcaldes y diputaciones la situación se agudizó y aumentó la criminalización a jóvenes líderes que participaron en el proceso electoral, movimiento campesino organizado, defensores de derechos humanos y a periodistas.
Según una nota del medio digital Newtral publicada el pasado 20 de junio del 2023, explica en una entrevista realizada a Mario Recinos, vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) que esta organización ha contabilizado 36 ataques que van desde limitaciones al libre acceso a la información.
Según la APG hasta el momento han salido del país 20 periodistas para evitar ser arrestados por el Ministerio Público, manejado por Consuelo Porras, fiscal general de dicha instancia de justicia.
Desde los ojos ciudadanos
Un año electoral con muchos retos y complicaciones en donde se dieron sorpresas para quienes lograron llegar a la meta de la presidencia y muchos otros se mantienen desde septiembre realizando marchas masivas a nivel local en las afuera de las instituciones de justicia. Ciudadanos que llevan un plantón de 60 días afuera del Ministerio Público en ciudad de Guatemala, una institución dirigida por Consuelo Porras, la fiscal general, a quien señalan de utilizar esta instancia para perseguir al presidente Electo el pasado 20 de agosto, Bernardo Arévalo, quien se espera que tome posesión el próximo 14 de enero.
La ciudadanía exige que se respete el proceso democrático; por esta razón, los guatemaltecos durante 20 días realizaron plantones a nivel nacional, obstaculizando las carreteras principales del país en el mes de octubre, algo que fue inédito en la historia del país. Las movilizaciones a nivel nacional han dejado cuatro muertos, varios heridos y detenidos.
Descontento popular
Existen dos frentes ciudadanos que salieron a las calles, explican las autoridades indígenas de Nebaj, Quiché. Primero el de la comunidad urbana de la ciudad y las autoridades indígenas a nivel nacional que lograron movilizar durante un mes a más de 6 millones de guatemaltecos, distribuidos en plantones por sector, colonias y departamentos.
Y desde hace tres meses las movilizaciones permanecen y amenazan con quedarse en las calles hasta el 14 de enero. Sus principales son las renuncias de la fiscal general, Consuelo Porras, y otros fiscales acusados de corrupción, el presidente Alejandro Giammattei, el juez Fredy Orellana y diputados del congreso guatemalteco.
Astrid Escobedo, abogada y especialista en Democracia, explica que “Pensamos que como guatemaltecos vamos a las urnas cada cuatro años, esto es una democracia, pero resulta que la democracia no es votación. Un país democrático tiene pilares de desarrollo y economía, el pilar del estado de derecho, y tenemos las instituciones y las leyes evidentemente la independencia de los poderes, la participación de la ciudadanía y el voto, la elección de los funcionarios con libre participación”.
Según Escobedo, “bajo el amparo de la democracia y de esos pilares que sí están garantizados en la constitución de 1985. Resulta que bajo ese amparo se decidió manipular la democracia para mantenernos siempre bajo el mismo contexto y bajo la misma herencia histórica que tenemos que son autoritarismo disfrazados de democracia”.
