El gobierno de Gustavo Petro busca desmantelar grupos delincuenciales en ciudades colombianas, enfrentando desafíos y controversias. A pesar de avances, el crecimiento de un 20% en grupos armados plantea preocupaciones sobre la efectividad del proceso de paz.
En las áreas metropolitanas del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia; Buenaventura, en Valle y Quibdó; en Chocó, son las ciudades de Colombia en las que se adelantan actualmente espacios de diálogo sociojurídicos con Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO), por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, para lograr acuerdos para un futuro desarme y desmantelamiento de estas organizaciones delincuenciales.
Pese a que existe una incertidumbre jurídica en la que se encuentran estos procesos, pues no existe una ley de sometimiento aprobada por el Congreso de la República de Colombia, se ha tenido avances significativos en la reducción de ciertos delitos en las áreas metropolitanas y ciudades donde se adelantan procesos formales.
En el caso de “Shottas” y “Espartanos” en el puerto de Buenventura, continúan con un control territorial fuerte, y persisten las actividades extorsivas y también las complejidades que implica la presencia en la zona de actores armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
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El 4 de noviembre de 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó la modificación, adición y prórroga de la Ley 418 de la Paz Total, la cual define la política de Estado, preservando y garantizando la seguridad humana, a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia.
“Esta es una gran noticia para el país y para todos los colombianos que anhelamos que nuestros hijos y nietos crezcan en un país libre de guerra en donde prevalezca el diálogo por encima de cualquier forma de violencia”, añadió el presidente Petro en su momento.
Crecimiento de violencia: desafíos en la Paz Total
Esta Ley otorga facultades al presidente de la República, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno para adelantar las negociaciones con grupos armados ilegales del país.
Fue precisamente en el puerto de Buenaventura en donde el gobierno de Gustavo Petro inició este proyecto piloto de Paz con las bandas delincuenciales de “Shottas” y “Espartanos”, que venían generando graves hechos de violencia en el casco urbano, con extorsiones, homicidios, en especial de jóvenes, así como desapariciones y desplazamientos internos.
Pero en este proceso de la búsqueda de la Paz Total en Colombia, se han presentado varios tropiezos que están poniendo en juego la Democracia en este país suramericano. Durante un control político por parte del Congreso de la Republica al saliente comisionado de Paz, Danilo Rueda, se reveló que los grupos armados organizados se han expandido 20 por ciento en Colombia durante el gobierno Petro.
Los ceses al fuego no han mejorado la seguridad; por el contrario, en el marco de la Paz Total los Grupos Armados Organizados han crecido en integrantes, se han expandido territorialmente y se ha recrudecido la violencia.
Algunos congresistas aseguraron que, al contrario, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, los grupos armados han crecido en sus integrantes, se han expandido territorialmente y ha habido un aumento generalizado de la violencia a nivel de todo el país.
Violencia persistente en Colombia
En este control político, se reveló que revisados cerca de 50 informes de diferentes organizaciones como Indepaz, Pares, la ONU e informes oficiales de Mindefensa y la Defensoría del Pueblo se encontró que en el primer año del gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, la percepción de seguridad bajó del 41 por ciento al 37 por ciento y aumentaron de forma alarmante los siguientes indicadores:
- Confrontación entre grupos armados +85%
- Trata de personas +57%
- Extorsiones +15%
- Secuestros +17%
- Atentados contra oleoductos +56%
- Confinamientos +24%
Igualmente, el Congreso de Colombia asegura que en el primer semestre de 2023 se registraron, por lo menos, 117 hechos violentos, porque no se cumplieron los ceses al juego con la guerrilla del ELN, el Estado Mayo de las Farc, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Violencia en aumento
Por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, aumentó su presencia en el territorio colombiano en 17.5 por ciento, ocupando casi el 20 por ciento del país en 215 municipios con 6.100 integrantes. Luego de que se decretará el 3 de agosto de 2023, se han presentado más de 13 eventos violentos con personas heridas, menores de edad desaparecidos y secuestros.
Por su parte, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia aumentaron en un 12% se expansión en 270 municipios, con una presencia en el 24% del país. Son responsables de más de 20 acciones violentas en el primer semestre de 2023 que abarcan homicidios selectivos, extorsiones y control social.
Con respecto a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, 1.100 integrantes controlan totalmente el departamento del Magdalena, cuya capital es Santa Marta y ubicado en la costa norte de Colombia. A través del secuestro, desaparición forzada, y por lo menos, 49 homicidios en el primer semestre del 2023.
A su turno, el Estado Mayo de las Farc, aumentó su presencia un 39.5 por ciento ocupando casi el 15 por ciento del país en 166 municipios, con 3.480 integrantes. Hasta septiembre de 2023 se registraron 247 acciones violentas que incluyen reclutamiento forzado, desplazamientos, secuestros, restricciones a la movilidad y asesinatos.
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