En medio de una ola de violencia y extorsión que amenaza la estabilidad, la democracia peruana se encuentra en peligro. La creciente incidencia de estos actos ha propiciado la proliferación de discursos radicales, planteando un desafío significativo para la integridad del sistema democrático en el país.
Por Karla Velezmoro
Periodista FOROS HUMANOS
Tendido en la camilla de una clínica, Jaime Villanueva, asesor de la Fiscalía de la Nación del Perú, fue notificado de la resolución judicial que ordenaba su detención preliminar para ser investigado por delito de tráfico de influencias al presuntamente pactar en las votaciones del Congreso para la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y el intento de remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). De nada le valió internarse por un dolor lumbar, Villanueva fue arrestado y llevado a la Prefectura de Lima. Una vez más el Perú estaba inmerso en una nueva crisis política.
Frágil institucionalidad
La corrupción desplazaba así de las portadas a la inseguridad ciudadana. Al menos por esos días en los que ya no se habló solo de eso, sino también de la denuncia que —a modo de reacción— presentó inmediatamente la Fiscal de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte y su presidente del Consejo de Ministros, entre otros, por la muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero 2023.
Sin embargo, esta decisión no pudo evitar el tremendo escándalo que provocó que la Fiscal de la Nación finalmente fuera separada del cargo. Pero aún hay más: una resolución del Tribunal Constitucional puso en libertad al expresidente Alberto Fujimori, fallo que ha generado opiniones divididas y la protesta de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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Y es que en el Perú, la institucionalidad es frágil. En los últimos cinco años han gobernado el país seis presidentes: Pedro Pablo Kukzynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, actual jefa de Estado y la primera mujer en ocupar este cargo.
La delincuencia organizada desafía las medidas de emergencia en Perú
En una reciente encuesta de CPI, las cifras revelan que el 84% de la población desaprueba la gestión de Boluarte y el 90% la del Congreso de la República. Bajo este panorama político, el actual gobierno pretende lidiar con una delincuencia organizada que cada día gana más terreno y que no se intimida ante las medidas de excepción, como las declaratorias de estado de emergencia, con tal de lograr su objetivo: cobrar cupos.
“Hay que reforzar a la Policía con capacitación, con bienes y servicios. Le estamos diciendo refuercen sus unidades de inteligencia para que desarticulen estas bandas sean peruanas o extranjeras porque la lucha por los territorios es lo que está ocasionando todo este problema”, afirmó Alberto Huertas, Defensor del Pueblo Adjunto.
Plan antidelincuencia en crisis
Sin embargo, en lo que va de este gobierno ya son cuatro los titulares en el Ministerio del Interior lo que dificulta un enfrentamiento eficaz contra la delincuencia común y organizada. El 15 de noviembre pasado, el Congreso de la República censuró al Ministro del Interior, general Vicente Romero, al considerar “una manifiesta incapacidad de liderazgo e idoneidad» para el ejercicio del cargo”. Y es que el Parlamento consideró que no hay resultados del plan que ha puesto en marcha el gobierno para combatir la delincuencia común y el crimen organizado.
Del mismo parecer es la Defensoría del Pueblo que, a un mes de haberse dispuesto el estado de emergencia en algunos distritos, se pronunció que la medida era insuficiente. “No solo es relevante la implementación de estrategias destinadas al control, represión y sanción del delito, como el incremento de penas; sino que, además, es imprescindible apostar por políticas públicas eficientes a mediano y largo plazo, atendiendo los factores y las causas que favorecen la violencia y la criminalidad en el país”, puntualizó en su comunicado.
A lo Bukele
Si en El Salvador existe un “Plan Bukele”, aquí en el Perú tenemos el “Plan Boluarte”. Y es que ante las voces que sugerían implementar el Plan Bukele en el Perú, al actual gobierno no se le ocurrió mejor idea que bautizar su plan de seguridad con el apellido de la presidenta.
“Aquí no habrá un plan Bukele, habrá un Plan Boluarte, hacer lo que mejor hayan hecho otros gobiernos. El señor Bukele ha hecho dos cosas, que los policías suban a los buses a cuidar a la ciudadanía y programas de fomento de deporte en zonas donde se recuperaron de la delincuencia”, expuso el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola ante el Congreso de la República. Luego, advertiría que dicho plan había sido preparado “con la Constitución en la mano” a modo de enfatizar que la propuesta garantiza el respeto a los derechos humanos.
El debate sobre una posible implementación del Plan Bukele en el Perú llegó a tal nivel, que días antes del anuncio de Otárola, el propio presidente salvadoreño publicó un tuit en el que colgó una encuesta que, finalmente, mostró como resultado que el 93% de los que participaron en el sondeo estaban de acuerdo con la aplicación de ese plan.
¿“Plan Bukele” en Perú?
— Nayib Bukele (@nayibbukele) August 26, 2023
Y es que en el Perú, el 40% de los ciudadanos consideran que la delincuencia y la falta de seguridad es el problema más importante que enfrentan, según el del Instituto de Estadística e Informática.
Democracia en peligro: mano dura y controversias
Estas demandas por una solución y la preocupación por el avance de la delincuencia motivaron a un grupo de alcaldes a reunirse y formar convenios con sus pares de El Salvador como es el caso del representante de la alcaldía del puerto más importante del Perú, El Callao.
Este clamor de los peruanos por frenar la delincuencia promueve voces, sobre todo de los gobiernos locales, de adoptar medidas que simulan un efecto de mano dura. Ya se aprobó una ley sobre legítima defensa que ha encendido las alertas. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp) de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha calificado la norma de infectiva y peligrosa tal y como la propuesta del municipio limeño que busca crear la figura penal del terrorismo urbano.
Y mientras se anuncia la entrega de patrulleros a la Policía, la presidenta Dina Boluarte asegura que su gobierno trabaja sin descanso para brindar seguridad a todos los peruanos intentado así dejar atrás aquella frase que aún resuena en los peruanos: “El Perú ahora es un país que está en paz y en calma” que ante las críticas tuvo que rectificar aclarando que ella no está en las nubes.
