La cruda realidad de la inseguridad en Perú, desde las mafias que extorsionan a comerciantes en Gamarra hasta el auge de los préstamos «gota a gota» y los crímenes por robos de celulares. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la falta de un plan claro deja a los ciudadanos en desamparo.

Reportaje: Karla Velezmoro

Fotografía: Víctor Mallqui

Decidió hablar con los reporteros solo después de ocultar su rostro detrás de una gorra, unos lentes y una mascarilla. “Yo no le tengo miedo a nada, por eso los denuncié ante la Policía. Pero ahora es diferente, me están amenazando con hacerle daño a mi familia si sigo adelante con esto”, dijo.

María, así será llamada para proteger su identidad, es una comerciante informal del emporio comercial de Gamarra, el conglomerado textil y de confecciones más grande del Perú y uno de los tres más importantes del mundo. Este centro empresarial es visitado diariamente por entre 100 mil y 200 mil personas diariamente por lo que su movimiento financiero es atractivo para las mafias.

“Las calles están lotizadas. Depende el lugar te cobran.Yo para poder vender en la calle donde estoy he tenido que pagar un ingreso de mil soles (aproximadamente 270 dólares) y diariamente tengo que darles 20 soles (5 dólares). Si no se les paga no te dejan vender», relata María.

Cerca de 40 mil pequeñas y medianas empresas integran Gamarra, un emporio comercial que puede generar 6 mil millones de soles de facturación formal (más de mil 500 millones de dólares), sin contar con el dinero que mueve el comercio informal, el cual se estima que está compuesto por cerca de tres mil ambulantes.

“Yo los denuncié el año pasado ante la Policía pero no han hecho nada.Si estamos vendiendo en la calle por qué tendríamos que pagarles. No es justo que se lleven el dinero sin hacer nada”, comenta María, mientras se le quiebra la voz. 

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, afirmó que hay una disputa por el espacio público entre bandas de extorsionadores peruanas y venezolanas en la zona. “Nosotros hemos hecho un cálculo del dinero que le ingresa a estas mafias y son aproximadamente mil 500 millones de soles al año, por eso tienen para pagar. Hemos visto que cuando la autoridad municipal intenta ordenar las calles se han visto batallas campales, te vienen con armas de fuego, cuchillos, machetes, palos a enfrentarse con total irrespeto por la autoridad”.

Los vendedores informales no son los únicos objetivos de estas mafias; también lo son los comerciantes formales. “Uno de nuestros asociados denunció recientemente que está siendo extorsionado. Lo amenazaban con matarlo a él y a su familia, e incluso le enviaron granadas, sobres con balas y coronas fúnebres, acompañados de mensajes intimidantes.

Le dijeron que si insiste en negarse a pagar, lo matarán. Y, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado? La Fiscalía abrió  una investigación por 60 días y después de esto va a solicitar quién es el dueño del número telefónico desde donde se realizaron las llamadas extorsivas. Esperemos que, para entonces, nuestro asociado y su familia aún estén con vida”, comentó Saldaña, tras indicar que el empresario cerró su negocio. 

Es tal la desesperación de los pequeños y medianos empresarios que están a favor de la adopción de medidas que para algunos podrían resultar peligrosas. “Una reacción rápida del Estado es sacar al Ejército a las calles. Hay mucha gente que le parece una locura y es porque no viven esta situación. ¿Por qué va a salir el Ejército a las calles?, dicen. Claro, como no eres tú, como no es tu familia, como no eres tú el que recibe las llamadas, es bien fácil decir eso, pero si fueras tú al que extorsionan, fuera tu familia la amenazada, quisieras incluso tomar la justicia por tus propias manos”. 

María conoce la historia de los empresarios de Gamarra extorsionados y considera que si las autoridades no han hecho nada por ellos, menos lo harán por ella y por todos los comerciantes informales. “La Presidente (Dina Boluarte) es un cero a la izquierda, es una incapaz, al igual que los congresistas. Ellos están bien, felices, pero no piensan en el resto de las personas que somos extorsionadas, que somos asaltadas. No consideran lo difícil que es ganarse el dinero para que luego venga otro y te lo quite”, se lamentó María.

En el 2023, la Fiscalía de la Nación informó que se presentaron más de 19 mil denuncias por extorsión. Sin embargo, se estima que el número real de casos es mucho mayor, ya que muchos no se denuncian por temor.

El “gota a gota”

Pablo, de 23 años, solía ayudar a su madre en el negocio familiar, situado cerca del Mercado Caquetá, uno de los principales centros de abastecimiento en Lima. Debido a problemas económicos, su madre decidió recurrir a prestamistas que ofrecían dinero rápido, aunque con un interés del 40%. “En los préstamos gota a gota, los venezolanos son la mano de obra de los colombianos; son ellos quienes se encargan de cobrar”, explicó Pablo. “Los colombianos les proporcionan la motocicleta, el casco, todo. Y si no puedes pagar, ya sabes cómo es: balas”. Pablo recordó cómo fueron objeto de amenazas por lo difícil que les resultó cumplir con los pagos. “Teníamos que pagar cupo para poder trabajar y cumplir con lo del préstamo”.

La tienda de la madre de Pablo es una de las 100 mil bodegas que cerraron el año pasado por causa de la delincuencia sea por robos o por extorsiones. En tanto, el pasado 16 de marzo, la Policía detuvo a veinte personas, entre colombianos y venezolanos, sindicados de integrar una banda de extorsionadores dedicada a los préstamos gota a gota. Durante la intervención en unos condominios en Comas, distrito del norte de Lima, se encontraron armas de fuego, explosivos, además de 20 mil soles (unos 6 mil dólares).

Aunque la extorsión y el secuestro (una modalidad que la Policía creyó erradicada) son los delitos que ocupan los titulares de las noticias, hay otros delitos que afectan a los peruanos y que han dejado familias en luto.

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La vida por un celular

Eran las 2 de la madrugada, y como todos los sábados, Sara Minaya salió a darle el alcance a su hijo Marco, quien regresaba del trabajo. Marco le había avisado por teléfono que estaba en la avenida principal, así que Sara se dirigió hacia allí cuando, de pronto, divisó a lo lejos a un grupo de muchachos rodeando a un  joven tirado en el suelo, pensó que tal vez habían atropellado a alguien. Sin embargo, a medida que se acercaba, notó con horror que aquél muchacho herido era su hijo, de 18 años, quien sangraba por el pecho. “El Serenazgo no quería que movieran a mi hijo. Pasaron más de quince minutos antes de que llegaran los bomberos y lo llevaran al hospital. Allí, me informaron que Marco había fallecido”, recordó Sara.

Desde el 19 de septiembre de 2023, Sara se convirtió prácticamente en una detective, y fue ella quien consiguió las imágenes de las cámaras de seguridad donde se veía cómo su hijo era seguido por una pareja. 

En las imágenes, se ve claramente a Marco caminando con su mochila en la espalda, mientras el hombre se acerca con un cuchillo en la mano. Sin embargo, las cámaras no captaron el momento de la tragedia, pero por la ubicación, no queda duda de que fue el autor del crimen. “Le robaron su celular. Por un celular han matado a mi hijo”, lamentó Sara. Seis meses después de ir y venir entre dependencias policiales, fiscales y judiciales, Sara logró, a punta de presencia e insistencia, que capturaran los  presuntos autores del crimen.

Al igual que Sara, las señoras Pilar y Betty luchan por hallar justicia para sus hijos. El hijo de Pilar Samijison, Koki Nicho, de 28 años, fue asesinado en Los Olivos por resistirse al robo de su celular, mientras que al hijo de Betty Abarca, Bryan Julca, lo mataron en la puerta de su casa en Comas, a pesar de que él entregó la mochila y su iPhone.

En el Perú, se roban más de 4500 teléfonos móviles diariamente, según OSIPTEL. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N° 1578, que establece penas de hasta 30 años de prisión para el delincuente que robe un celular empleando material o artefactos explosivos, así como mediante el uso de vehículos motorizados.

Abdul Miranda, gerente de seguridad ciudadana del municipio limeño, informó que decomisaron 20 mil celulares en los megaoperativos que realizaron durante el 2023.

“Nosotros como municipalidad y la policía hemos emprendido una campaña de lucha contra los celulares manchados con sangre, hemos realizado una serie de operativos para poder decomisar y detectar los lugares donde venden estos teléfonos celulares”, precisó. 

Sin un plan claro

El incremento de la delincuencia en el Perú no se inicia en este gobierno; sin embargo, es hoy cuando la notamos más frecuente y muchísimo más violenta. Durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala se creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya función es diseñar políticas multisectoriales para combatir la inseguridad. Sin embargo, a la fecha no se ven los frutos. “El año pasado ha habido reuniones donde incluso han participado el alcalde de Lima, la presidenta de la República. Incluso en algunas ocasiones han sido descentralizadas. Y aquí hay algo muy importante: funcionan de repente en el momento en que se proponen, pero otra cosa es lo que se hace”, comentó el Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Arturo Miranda.

De acuerdo con Miranda, si bien Perú enfrenta problemas de inseguridad ciudadana, estos no alcanzan la gravedad de la situación actual en Ecuador. “No estamos camino a esa triste situación”. Tras destacar el trabajo policial, hizo énfasis en la necesidad de crear una Secretaría Nacional que personifique esta lucha contra la delincuencia tal y como se ha propuesto desde la Municipalidad de Lima.

Así como esta propuesta surgen otras, como la del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien alzó su voz y dijo: “No más jueces que liberen asesinos”. El magistrado supremo afirmó que si bien los jueces y fiscales son independientes, tienen que responder por la liberación irregular de delincuentes. “Tiene que haber una figura penal que sancione e inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a esas lacras que solo hacen daño a este país. Sería bueno que el Parlamento recoja mi voz”, añadió. El doctor Arévalo lamentó que la población no crea en el sistema de justicia por la decisión de malos jueces. “No sé por qué (toman esas decisiones). Quizás invocando de alguna manera perversa su autonomía, su independencia, están liberando a delincuentes”, se preguntó indignado.

Para el exministro del Interior, Carlos Basombrío, es necesario reforzar las unidades de investigación criminal y el trabajo de inteligencia para enfrentar a esta nueva forma de crimen organizado. Hacerlo implica contar con presupuesto. En tanto, que para el robo común, el patrullaje inteligente en las calles, añadió.

“Se cree que poniendo a las Fuerzas Armadas con fusiles en las calles se puede enfrentar este problema y no es así. Se cree también que es un problema de emergencia y declaran en emergencia los distritos y creen que con ello se va a disminuir significativamente las extorsiones y eso no ha ocurrido”, comentó Basombrío, tras considerar que es lúcida la percepción de la población cuando afirma que no hay un plan para combatir la delincuencia. Consideró que el mayor deterioro en lo que a inseguridad ciudadana se refiere se ha dado en el gobierno de Dina Boluarte.

El exministro se refirió a la relación del aumento de la delincuencia con la migración  de ciudadanos venezolanos. Dijo que hay que combatir la criminalidad sea cual fuere la nacionalidad. Pero, además, lamentó que desde el gobierno se anuncie la expulsión de los venezolanos cuando saben que una medida sí no es fácil de implementar. “Para expulsarlos tiene que haber un lugar que los quiera recibir. Venezuela no los quiere recibir. ¿A dónde los vas a expulsar a la luna”.

A esta preocupante realidad, se le añade los problemas políticos que vive Perú. El antropólogo peruano, Víctor Limonchi, opinó que lamentablemente en el país, en los últimos años, se vive una inestabilidad política que afecta a toda la sociedad peruana, pero en particular a la seguridad ciudadana. “Esta situación afecta en el cambio de los mandos que hemos visto frecuentemente, sobre todo en la Policía, y eso merma la moral de todo el conjunto de policías”.

El sociólogo Vicente Otta cree que hay muchas más aristas que tomar en cuenta en este tema: la falta de valores y la corrupción. “Tenemos cinco presidentes, todos enjuiciados, algunos encarcelados. Y se entiende que el presidente encarna a la nación. Entonces, qué pasa cuando la más alta autoridad es un corrupto, es el primero en que viola e incumple las leyes. Esto se traslada a otras altas autoridades: ministros,  jueces, fiscales, policías hasta el Congreso que se supone representa los intereses de la población. Estamos, entonces, frente a una situación sumamente compleja, sumamente negativa”.

Al cierre de este reportaje, la presidente Dina Boluarte es cuestionada por varios relojes, uno de ellos rolex, que no declaró antes de asumir el cargo. La Fiscalía ha iniciado una investigación al respecto y una de sus ministras con el afán de defenderla deslizó la posibilidad de que ese Rolex no sea original. Y este es quizá el menor de los cuestionamientos a la jefa de Estado, pues no responde aún por las muertes durante las marchas de 2022.

Y si esto parece poco, el Ministro del Interior, Víctor Torres, ha sido interpelado por el Congreso por no mostrar resultados de su lucha contra la inseguridad ciudadana. Aún no se consiguen las firmas necesarias para censurarlo. En tanto, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén – tras un escándalo el anterior en el cargo tuvo que renunciar- le ha dado su respaldo.

En medio de esta agitación política, el Ministerio Púbico y la Policía dio un duro golpe a los traficantes de armas. Logró desbaratar una banda que abastecía el mercado ecuatoriano. La información que tiene la fiscalía de Crimen Organizado, conjuntamente con nuestra policía, es que una de esas armas que ha salido justamente de esta empresa habría sido utilizada en el asesinato del excandidato presidencial del Ecuador», informó el fiscal Jorge Chávez.

Pero más allá de los esfuerzos de fiscales y policías, los peruanos no perciben que desde el Gobierno existe un plan eficaz de lucha contra la criminalidad que día a día cobra más vidas en nuestro país.