La disposición, una de las principales cartas del oficialismo en las pasadas elecciones generales, es considerada por defensores de derechos humanos como inconstitucional, con cifras de 225 víctimas mortales y se ha perpetrado hasta atemorizar y encarcelar a quienes buscan justicia para las víctimas.
Por: Nancy Hernández
Un 27 de marzo de 2022 inició en El Salvador la disposición definitiva y “legal” aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo denominada Régimen de Excepción que surgió como parte del Plan Control Territorial (PCT), con el que el gobierno pretendía quitar el control de las pandillas sobre el territorio nacional.
De acuerdo con datos oficiales entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, la actividad pandillera había cobrado 87 víctimas. Estas cifras, periódicamente registradas, pusieron al país centroamericano, de poco más de 22,000 kilómetros cuadrados como el más mortífero del mundo, incluso por encima de países en guerra. Este, de forma oficial, pero no detallada, fue el detonante para el régimen de excepción.
Pero no pasó más de una semana para que de forma oficial se conociera que ya se habían reportado 5,000 capturas provocando que cientos de familias empezaran a buscar a sus parientes, de los cuales no se supo ninguna información más allá de rumores de “El penalito”, una bartolina policial a la que fueron trasladados inicialmente la mayoría de los apresados.
El gobierno señaló que bajo el régimen de excepción se han prohibido las asociaciones y reuniones para desarticular y perseguir estructuras criminales, se permitió ampliar el procedimiento administrativo de detención de 72 horas a 15 días, así como intervenir comunicaciones de grupos.
Además, miles de elementos de la Fuerza Armada, utilizada con fines de seguridad ciudadana, cercaron por completo zonas consideradas santuario para las pandillas, abordaron autobuses del transporte público y detenían en las calles a cualquiera con perfil de “sospechoso”.
Como resultado, se empezaron a conocer numerosos casos de detenciones arbitrarias principalmente de jóvenes bajo “sospecha” de pertenecer a algún grupo delincuencial.
Esta ola de detenciones llegó a una comunidad del distrito de Colón, una región históricamente asediada por las pandillas. Entre las capturas se reportó la de Paola Arana, una joven de aproximadamente 22 años, quien, según versiones de voceras del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, fue detenida por el simple hecho de pertenecer a una comunidad controlada por pandilleros.
Paola, según Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDHEU), fue trasladada a un penal utilizado para mujeres detenidas, en donde por su perfil fue amenazada por un supuesto grupo de pandilleras, principal sospechoso de su desaparición reportada en mayo de 2022.
“La causa de desaparición de Paola provino de una captura que hicieron en la zona tras una redada policial en la que se llevaron a varios jóvenes y adolescentes, entonces ella comentó que tuvo problemas y amenazas en el centro de detención”, afirmó la fuente.
La falta de respuestas concretas de las autoridades pertinentes sobre casos de personas desaparecidas, como es común en este periodo de régimen de excepción, llevó a la madre de Paola, Verónica Delgado, de unos 42 años, a unirse de forma activa al Bloque de búsqueda para aumentar sus posibilidades de obtener respuestas.
Sin embargo, Verónica también fue capturada. Idalia Zepeda confirmó que la segunda semana del mes de marzo, a eso de las cinco de la tarde, durante un procedimiento en la zona residencial, fue detenida bajo el cargo de agrupaciones ilícitas.
Antes de la desaparición de Paola, Verónica se dedicaba a trabajos domésticos, luego se quedó a cargo de su pequeña nieta, hija de Paola, quien en la actualidad está bajo el cuidado de otros familiares.
“No tenemos información concreta para valorar el grado o el tipo de investigación fiscal que hizo que se concluyera en una detención, pero sin duda como todas y todo sabemos el régimen permite violentar derechos humanos y permite saltarse garantías básicas del debido proceso”, señaló Idalia
En ese sentido, continuó: “Nosotros como organizaciones estamos realizando una denuncia pública, porque sabemos que doña Verónica es una mujer trabajadora y luchadora que ha sido víctima del crimen organizado, porque nuestra principal hipótesis es que a su hija la desapareció el crimen organizado o pandillas”, agregó la mujer.
Según la defensora, en estos casos se revictimiza a las familias debido que durante el dominio de pandillas, estos amenazaban a sus hijos, exigían dádivas, respeto, imponían formas de vida, tareas de la cotidianidad, mientras que la represión del Gobierno, en lugar de convertirse en una solución, termina hundiendo a comunidades enteras en la desesperanza.
“La misma familia nos ha confirmado que se sienten revictimizados porque han sufrido en la zona el acoso de los pandilleros, los problemas de las capturas, de las redadas y requisas en una comunidad empobrecida con las consecuencias de la desaparición de Paola y ahora la captura de su madre”, dijo.
Además, explicó que ha sido víctima de un Estado que no ha prevenido el fenómeno de las desapariciones y tampoco ha respondido a un proceso de búsqueda necesario integral y que no ha dado respuestas al caso.
También añadió que este fenómeno golpea a la gente de escasos recursos que tiene causas estructurales, políticas y económicas que también ahora “lamentablemente tienen rostro de mujer, de madre y una mujer empobrecida”
“Después de que las pandillas intentaron reclutar a sus hijos se convirtieron en víctimas de las fuerzas del orden Las madres buscadoras han sufrido de capturas de familiares de esposos hijos y hermanos en redadas en comunidades”, Idalia Zepeda, defensora de las víctimas del régimen.
Respecto al procedimiento, poscaptura de Verónica, después de los 15 días se tendrá una respuesta de la audiencia y traslados de bartolinas a penales donde las fuerzas de seguridad no garantizan el bienestar físico y emocional de los apresados. Verónica es hipertensa y diabética.
Por otra parte, el Bloque de búsqueda no descarta que la captura tenga sus motivaciones en amordazar a quienes alzan la voz en contra de la injusticia perpetrada por el régimen.
“No descartamos que sea por participar de forma activa en marchas en contra del régimen que la captura provenga por este, pero tampoco lo podemos confirmar con certeza porque puede ser una casualidad por estar en una situación vulnerable por la comunidad en la que reside”, añadió la fuente.
Respecto al apoyo a Verónica, el Bloque dará acompañamiento legal con representación privada que recolectará todos los arraigos que comprueben información que acredite que se le de una medida sustitutiva a la detención, que será conocida en los próximos días tras una primera audiencia.
Esta situación, perpetrada por casi dos años en el país, según el bloque defensor, institucionaliza la violencia debido a que marca la pauta para que se establezcan políticas y se generen acciones y conductas emanadas de autoridades públicas, de funcionarios o autoridades policiales o militares en contra de defensores de derechos humanos.
“No es descartable que cualquiera pudiéramos estar en riesgo y que sin duda lamentablemente esto va a traer una consecuencia que políticamente inmoviliza y desarticula a los movimientos y nos atemoriza. En nuestro caso, hay una tendencia desde que está el régimen de excepción a la desmovilización, al temor, a cuestionar a las organizaciones de derechos humanos en general, a las oenegés y al trabajo en las comunidades y por ende eso desmotiva y al gente tiene temor algo que a nivel emocional es válido”, dijo la fuente.
Además, esta situación, desde la óptica de la población organizada, afecta el frágil proceso democrático instaurado en el país después de los acuerdos de paz tras una cruel guerra civil que duró más de 12 años.
“La democracia se ve afectada porque se supone que tenemos un sistema participativo libre y plural en el que las opiniones y las acciones organizativas de la oposición se respetan pero no es así, parecería que hay actitudes desde el Estado que contradicen el espíritu democrativo que centralizan el poder. También hay actuaciones autoritarias de las instituciones del estado y de las coercitivas de la Policía y la Fuerza Armada; eso mina el proceso democratico que se venía construyendo en El Salvador desde los acuerdos de paz”, explicó la fuente.
Además, dijo que existe un discurso de discrimiazaon y odio que también mina la democracia porque se experimenta un retroceso en los espacios de transparencia, de rendición de cuentas, en los espacios partitivos, de contraloría, desde el territorio y las comunidades hasta instituciones del Estado.
Régimen inconstitucional y mortífero
Para Rina Monti, directora de investigaciones en derechos humanos de la Fundación Cristosal, a casi dos años del régimen de excepción se han registrado diversas vulneraciones y “la más obvia han sido las detenciones arbitrarias, es decir una privación de libertad no justificada y saltándose totalmente un proceso judicial”.
Ustedes escucharon el clamor de todo un pueblo.
Atendieron el llamado a luchar en esta guerra, con honor y valentía.
Decidieron poner el bienestar de todos, por encima del propio.
Eligieron proteger la vida de los salvadoreños, incluso a costa de su propia vida.
Y junto con… pic.twitter.com/sveZhHsjAb
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 7, 2023
Además, explicó que desde el siguiente día en que se decretó la medida hasta el pasado cinco de marzo se tenían 3,624 casos de denuncias y que a 3,772 personas se les vulneraron sus derechos
De acuerdo con una base de datos de Cristosal, el 57.5% de las víctimas oscilan entre los 18 y los 30 años, seguidas de un 24.9% entre 31 y 40 y el resto pertenecen a otras edades. En cuanto a género, el 84.9% son masculinos y el 14.7% son mujeres.
Cristosal también ha identificado los hechos y los victimarios, para este caso el 74% de los perpetradores son agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el 17.1% en conjunto con la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y un 6.8% ha sido cometido por soldados de la FAES.
Mientras que los hechos, el 96.7% fue identificado como detención arbitraria otro 25 % allanamiento ilegal de morada y otro 9.9% malos tratos. Además, el 42.7% fueron detenidos en sus casas, el 22% en la vía pública y un 14.8% en el lugar de trabajo.
En cuanto a la mortalidad del régimen, Cristosal ha registrado 225 personas fallecidas y 375 han denunciado tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“En el 96 % se habla de detenciones arbitrarias y otras víctimas indirectas como familiares que han sufrido lesiones, amedrentamiento, amenazas o desplazamientos forzados internos luego de la detención de uno o dos familiares”, destacó Monti.
La especialista también señaló que no se conocen los roles de las más de 76,000 personas detenidas no existe una individualización de casos sino que todas están recibiendo los mismos procesos y sentencias “evidentemente fuera del marco legal”. “A la fecha no sabemos realmente cuál es la justificación a nivel jurídico (del régimen de excepción), porque evidentemente ninguno de los marcos legales sostiene que sigamos en el marco del régimen tampoco hay claridad sobre qué pasó el día que se decretó el régimen”, aclaró.
Más allá del impacto evidente en víctimas que no pertenecen a grupos delincuenciales, Monti, señaló que la disposición también abre la posibilidad a otras vulneraciones de derechos en caso de las niñas por violencia sexual y que, además, el Estado no cuenta con fondos para proteger víctimas y menos a las que necesitan atención especializada.
“En muchos de los casos, sobre todo de los niños adolescentes y preadolescentes sufren también amedrentamiento y persecución por parte de la Policía Nacional Civil; capturan al padre y luego empieza una amenaza a los niños que se les va a capturar”, especificó.
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Una bomba de tiempo
Rina Monti afirma que la situación de violaciones de derechos humanos se ha convertido en “una bomba de tiempo” para el gobierno salvadoreño puesto que no existe transparencia sobre los datos de las víctimas y no existe apertura con defensores a escala local e internacional.
Además, afirma que la situación de violencia ha escalado a amedrentar y capturar a defensores y defensoras de derechos humanos. “Cuando se ha interpelado al Estado este ha rehuido, pero esto es una bomba de tiempo, porque se está escalando a defensores de derechos humanos”, sostiene Monti.
Asimismo, dijo que el estado democrático está paralizado, “ya no tenemos instancias independientes el TSE (Tribunal Supremo Electoral, cuestionado por su papel en las pasadas elecciones generales) está usando la misma metodología para tapar su inefectividad como lo hace el Ejecutivo, también se suman las principales instituciones como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Legislativo”, dijo.
A esa dinámica también se le suma los medios de comunicación, en su mayoría afines al oficialismo o con una especie de “votos de censura” que no les permite informar sobre lo que sucede en el país.
“Eso no es un estado democrático, no hay garantías constitucionales de ningún tipo, no hay ninguna instancia donde uno pueda avocarse y recibir una respuesta positiva por parte del Estado”, añadió Monti.
En términos generales, Monti analizó que es preocupante la falta de garantías en términos generales. “Particularmente lo que preocupa es el tema de las personas defensoras de derechos humanos es que la narrativa gubernamental va orientada a posicionar a este grupo poblacional como defensoras de pandilleros cuando como Cristosal el 80 % de personas con las que hemos trabajado son víctimas de pandillas”, remarcó la especialista.
Sorpresas, acusaciones y miedo tras las elecciones salvadoreñas
La alcaldía más codiciada por el partido en el poder es la única que ganó un partido opositor. Sin embargo, la ganadora destaca que deberá trabajar de la mano con el presidente. Mientras, aumentan los temores de reformas antojadizas a la Constitución y el miedo al Régimen de Excepción
Tres personajes de la política salvadoreña, desde diferentes escenarios, ven un futuro sombrío. Dos de ellos señalan posibles escenarios que empeorarán la situación de los pobladores y afianzarán en el poder a Nayib Bukele y sus aliados.
El municipio más codiciado
Es la Joya de la Corona, la comuna más deseada en las pasadas elecciones por su posición geográfica cercana a la capital, por la cantidad de ingresos que recibe y por qué uno de los distritos, Nuevo Cuscatlán, es en el que inició su carrera como funcionario electo, el hoy presidente Nayib Bukele.
Antiguo Cuscatlán ha sido administrado durante 36 años por la misma alcaldesa: Milagro Navas. Nuevas Ideas, partido oficialista, apostó a presentar como su candidata a Michelle Sol, ministra de Vivienda del actual gobierno, esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y muy cercana a Bukele.
De nada sirvió. El triunfo de Navas fue arrollador y su principal opositora tuvo que reconocer a pocas horas de cerradas las urnas, que había sido derrotada.
Así, La Libertad Este, formada por los distritos de Antiguo Cuscatlán, San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán (que aún gobierna Nuevas Ideas), Zaragoza y Huizúcar, será gobernada por la alcaldesa Milagro Navas, en el que será su 13o. periodo.
La victoria es contundente y lo será por todo el periodo de las nuevas municipalidades que ganaron, si se toma en cuenta que La Libertad Este es el único de los 44 municipios que será administrado por un partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y no por el oficial Nuevas Ideas, o alguno de sus aliados.
Nayib Bukele fue el primero en destacar que Nuevas Ideas o sus aliados habían ganado 43 de los 44 municipios en disputa.
La respuesta de Milagro Navas fue: «Él no va a tener 43 municipios, va a tener 44, porque me uno al trabajo con el gobierno central. Vamos a cambiar la historia, si queremos llevar proyectos, tenemos que trabajar con el gobierno central».
Manoseo a la Constitución
Son altas las posibilidades de que se modifique la Constitución para usarla de acuerdo a los intereses del partido en el poder.
Es el criterio de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana quien considera que “si nos atenemos a los procesos autoritarios que se han vivido en otros países, es de lo poco que falta”.
A Escobar no le extrañaría que el Gobierno tome rutas no legales para hacerlo. Piensa que pueden seguir el proceso que establece la Constitución de que sea aprobado por una Asamblea Legislativa y ratificado por la siguiente. Pero también podrían crear un nuevo procedimiento “sacado de la manga como han hecho con varias cosas”.
Considera que es difícil calcular en qué plazo el Gobierno lo hará porque en muchas cosas es imprevisible.
Pero a su juicio hay que tener en mente que algunas situaciones que pueden llevar a que ellos (El gobierno), adelanten el proceso o al menos parte del proceso.
Pone como ejemplo que en julio próximo hay elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. “¿Será que el gobierno va a dejar que ARENA y el FMLN ocupen una silla o propongan a alguien para que esté en el TSE?” pregunta. Recuerda que supuestamente los magistrados del TSE no son partidarios, pero le corresponde al FMLN y ARENA promover o proponer a una persona para que ocupe ese cargo.
Duda que el partido Nuevas Ideas lo permita y se pregunta si reformarán antes la Constitución para evitar que el partido Nuevas Ideas comparta poder en el Tribunal Supremo Electoral con otros partidos.
El proceso sería fácil para el partido en el poder. Basta aprobar en marzo y abril el acuerdo de reforma, que es la primera etapa, para que en mayo siguiente, la nueva Asamblea Legislativa, en su mayoría de Nuevas Ideas, ratifique las reformas.
“Entonces creo que va a depender. Alguien podrá decir, pero eso no lo pueden hacer tan rápido. claro que lo pueden hacer, lo aprueban en marzo y abril pueden aprobar el acuerdo de reforma, que es la primera etapa, y en mayo la siguiente Asamblea Legislativa ratifica y reforma la Constitución en el aspecto del Tribunal Supremo Electoral. Entonces en resumen va a depender de la necesidad que tiene el gobierno y así se va a hacer la reforma, o sea, depende de la necesidad que tengan, por ejemplo, esto que le decía puede apresurar a que hagan algo o solo reforman en el aspecto del Tribunal y dejarlo de más o ya de una vez hacen la reforma correspondiente”.
Deja además la posibilidad de que no necesiten reformar la Constitución, que simplemente invoquen “la voluntad del pueblo” y nombren magistrados del TSE a su conveniencia.
“Todo es posible, no hay un mecanismo, no hay una institución que pueda frenar una pretensión de este tipo”, indica al detallar que pueden inventar un referéndum, plebiscito, y decir que la gente vota y dice: “Si queremos que se reforme la Constitución. Eso le daría el aval para adaptarla a su medida”.
Hay miedo
Una fuerte voz femenina dentro de la Asamblea Legislativa, acostumbrada a señalar y denunciar. Claudia Ortiz, fue electa para un segundo periodo por el partido Vamos.
Ella considera que no es casualidad que su partido subiera a nivel nacional de 26 mil votos en 2021 a casi 100 mil en 2024. Cree que sus propuestas han sido importantes para la vida de los salvadoreños que han reconocido su trabajo, pese a la limitación de recursos publicitarios.
Pero tiene miedo. “Todos sentimos temor, yo siento temor y es lógico cuando ves que hay un gran nivel de arbitrariedad, se violan derechos humanos de forma impune”, pero expresa que “lo importante es qué vamos a hacer a pesar del temor”.
Los abusos amparados en el Régimen de Excepción se ven por todas partes, señala y pone como ejemplo la captura de Verónica Delgado, miembro del Movir y del Bloque de búsqueda de personas desaparecidas bajo el régimen de excepción.
Para Ortiz, “mientras el régimen de excepción se convierta en una herramienta para silenciar a los que denuncian, a las voces críticas, a cualquiera que pueda significar una amenaza para quienes están en el poder, no será justo”.
Señala que quienes gobiernan hacen acusaciones falsas con total impunidad y pone como ejemplo que tras los resultados electorales en los que logró un segundo periodo como diputada, hay una fuerte campaña de que los votos que recibieron son de familias de criminales.
“Lo que tenemos es un régimen híbrido, una mezcla de estructura y leyes, hay procesos, instituciones. Pero en la práctica hay distorsiones. Es un sistema político que mezcla aspectos democráticos con aspectos autoritarios y corruptos. A veces no se sabe si está en medio de un proceso democrático o un proceso ilegal”, acusa Ortiz.
Ella considera que el Régimen de Excepción afecta el sistema democrático, limita la libertad de expresión y evita que la ciudadanía haga un control del poder, hace que los funcionarios que deberían estar “contando las costillas al poder”, tengan temor.
Pone como ejemplo que durante el escrutinio de voto por voto, miembros de Nuevas Ideas les decían a los vigilantes de su partido, que si seguían tomando fotografías se los iban a llevar presos.
Pero Claudia Ortiz está decidida a continuar su trabajo de la misma manera que lo ha hecho hasta hoy.
Habla de su trabajo como diputada, donde pone como prioridades el acceso a la vivienda, alimentación, agua potable, salud, educación, porque son prioridades de muchas familias
Para ella es importante seguir trabajando por el respeto a derechos civiles y fundamentales, la justicia básica, acceso a la justicia, vida libre de violencia para las mujeres, el derecho al acceso a la información pública.
“Hemos presentado propuestas para hacer más transparente el estado, reformas a la ley de acceso a la información pública, quitar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) a la canasta básica, cuotas alimenticias dignas, este trabajo me parece que nos ha dado la posibilidad de estar nuevamente en la Asamblea Legislativa”, destaca.
Detalla que hay sectores de la sociedad que se sienten representados por Vamos. Por ejemplo, los vendedores que quieren ser integrados en los reordenamientos de ciudades, los agricultores que quieren tener una voz y ser protagonistas de las soluciones del cambio climático y crisis alimentaria, los afectados por estafas de lotificadoras y también todos los salvadoreños que aspiran a tener un país con justicia sin margen de error, donde se pueda denunciar, donde los inocentes puedan vivir libres de la violencia del Estado y de las pandillas.
Habla de los muchos cabos sueltos que tiene el Régimen de y considera que estos, con el paso del tiempo dan a conocer que no es una política de seguridad.
Antes del régimen se registraba una tendencia a la disminución de homicidios y hubo señalamientos de tregua hechos por el periodismo de investigación.
La ola de homicidios que tuvimos hace dos años mostró una capacidad perversa del crimen de usar los homicidios como una medida de presión.
“Hasta donde eso ha cambiado o no, estamos por saberlo”, indica al expresar que curiosamente, el crimen organizado no opuso resistencia ante las capturas, no hubo enfrentamientos. Ahí hay un cabo suelto que está sin resolver.
También afirma que como fracción legislativa han denunciado, los casos de personas inocentes que incluso con absolución de un juez, no son liberados o están desaparecidos dentro del sistema penitenciario.
“Denunciamos y tomamos acciones legislativas ante los casos de criminales como el Crook que estaba detenido y fue puesto en libertad. Está documentado por organismos de derechos humanos”, dice.
Otra cosa, el ministro de justicia dijo que ya tenían perfilados a los líderes de agrupaciones criminales. De ser así, ¿Por qué no los capturaron antes de la ola de homicidios?
Otra incoherencia que preocupa a Claudia Ortiz, es la cantidad de sindicalistas, vendedores, ambientalistas que han sido amenazados con el régimen de excepción si continúan con sus denuncias.
Ella llama a la gente vulnerada en sus derechos, para que pueda activar las instancias nacionales e internacionales. Activar mecanismos legales va dejando precedentes y hace posible que en un futuro, se puedan determinar responsabilidades sobre vulneraciones a los derechos humanos.
