Guayaquil es la región con mayor número de extorsiones y es la ciudad más violenta de este país suramericano.
Redacción HUMANOS
Luego de dos meses de sacar a la calle al Ejército para combatir la criminalidad, mediante el estado de excepción decretado en enero pasado, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ha logrado reducir de manera significativa los casos de homicidios en su país, al pasar de 40 homicidios por día a 12, lo que significa una disminución de más del 60%.
Pero, a pesar de estas alentadoras cifras de menos homicidios, las extorsiones y los secuestros van en aumento. Según la Policía ecuatoriana, el pago de chantajes se ha duplicado entre enero y marzo de 2024, siendo Guayaquil la ciudad que presenta el mayor número de casos.
Entre enero y marzo de 2024 las extorsiones en Ecuador suman 1.518 casos, frente a los 787 en el mismo periodo del año pasado. La violencia homicida pasó de una tasa de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a 26,4 en 2022, y en 2023 estuvo por encima de 35. Las actividades delincuenciales conexas al narcotráfico, como el microtráfico, la extorsión, el secuestro, el sicariato, la trata de personas, el comercio ilegal de armas, el lavado de activos, entre otras actividades ilegales, aumentaron en el último año.
A la vez, el consumo de drogas aumentó en la medida en que parte de la droga que se produce en Colombia y Perú se queda como parte de pago a las organizaciones criminales locales que la comercializan en el país ecuatoriano.
Además, se han fortalecido e incrementado organizaciones criminales locales como los Choneros, los Lobos, los Tiguerones, los Lagartos, Latin Kings, Chone Killers, entre otros, que tienen vínculos con cárteles mexicanos y grupos de disidencias de las Farc, la otrora guerrilla colombiana.
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Estadísticas de violencia en Ecuador
Todos los delitos aumentaron en Ecuador en los últimos tres años: el robo a personas creció entre 2021 y 2022 en 23,8%; de bienes, accesorios y autopartes de vehículos en 4,4%; de motos 58,7%; de carros 64,5%; a domicilios en un 2,3%; y a unidades económicas, 10,2%.
En el boletín semestral de homicidios intencionales en Ecuador, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Oeco, con base en las cifras de violencia homicida establece que “Ecuador se constituye como uno de los países más violentos de Latinoamérica y el mundo”.
“El país ha experimentado un aumento del 528.10% en el número de homicidios intencionales en comparación con el primer semestre de 2019. Al final de 2023, el país superó las 7 mil muertes violentas, alcanzando una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes mayor a 35”, dice el informe.
Este indicador pone a Ecuador como uno de los tres países más violentos de América Latina, detrás de Venezuela (40,4) y Honduras (35,8) en 2022. De acuerdo con estas cifras, “Ecuador pasó de tener un promedio diario de 10,4 homicidios en 2022 a 19,72 en el primer semestre de 2023, cifra que casi duplica el registro diario del año 2022”.
El 88,11% de todos los homicidios intencionales en el país se cometieron con arma de fuego y en particular hay que destacar el asesinato de “jóvenes entre 15 a 19 años que aumentó en un 500% desde 2019 y donde prevalece el homicidio con este tipo de armas en el 94,31%.
Vínculos peligrosos
Daniel Noboa, quien dijo que aplicaría las “exitosas recetas” de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir la criminalidad que entre 2022 y 2023 se acrecentó en Ecuador, no solo debe enfrentar el aumento del secuestro y las extorsiones, sino además los presuntos vínculos entre la política, la justicia y el narcotráfico en ciudades como Guayas, una de las más pobladas y eje económico del país.
Recientemente, varios jueces, ex altos funcionarios judiciales y un exlegislador fueron detenidos luego de allanamientos adelantados por la Fiscalía General de Ecuador.
“La corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y obviamente al del narcotráfico la administración de justicia. La justicia no puede ser un espacio para el narcotráfico y la corrupción, no permitiremos que estos malos elementos continúen campantes”, agregó Salazar.
En ese operativo fueron detenidos un exasambleísta, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo del Consejo de la Judicatura.
Estas capturas se dan, dentro de una investigación adelantada desde enero de 2024, luego de que Fiscalía ecuatoriana desarticulara una red de policías, jueces y abogados que operaban un entorno sin precedentes de apoyo a quien fuera un importante narcotraficante en Ecuador, Leandro Norero.
Allí se pudo establecer los presuntos vínculos entre autoridades y grupos del crimen organizado, que derivó en la detención de 31 personas, incluidos Wilman Terán, el titular del órgano que supervisa a los jueces en el país, y al general Pablo Ramírez, quien era jefe de la Policía Antinarcóticos en el Ecuador.
De acuerdo con las autoridades, las bandas del crimen organizado no solo tejieron una sólida estructura de apoyo entre políticos, policías y jueces en Ecuador, sino que buscaban controlar espacios como cárceles y algunas provincias, consideradas rutas y zonas de distribución de drogas, de la mano de cárteles de Colombia y México.
Amenazas del crimen organizado en Ecuador
Según el más reciente informe de Human Rights Watch, el recrudecimiento de violencia y la actividad del crimen organizado en todo Ecuador están teniendo un impacto nefasto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El cambio temporal al aprendizaje en línea, así como las amenazas de los grupos delictivos, han afectado especialmente su derecho a aprender en un entorno seguro, sostiene la ONG.
Después de que el presidente Daniel Noboa declarara el 9 de enero un «conflicto armado» contra las pandillas, el Ministerio de Educación de Ecuador suspendió temporalmente todas las clases presenciales y pasó a la enseñanza en línea en todo el país, lo que afectó a casi 4,3 millones de estudiantes, según UNICEF.
En meses anteriores, el ministerio ya había realizado la transición a la enseñanza en línea en ciudades como Guayaquil y Durán, que se encuentran entre las más afectadas por la violencia de las pandillas.
En algunas provincias de Ecuador, durante las clases en línea, individuos desconocidos y enmascarados, haciendo uso de correos y contraseñas personales, entraron en las clases en línea -en un caso aparecían incluso armados- para amenazar a estudiantes y profesores.
Desde mediados de marzo todas las escuelas volvieron a ser presenciales, pero el aumento de la actividad de la delincuencia organizada dificulta el combate a la violencia sexual.
Un país que era estable
Ecuador, que hasta hace poco era percibido como seguro y estable, tuvo una exacerbación de la violencia criminal que se da en el contexto de recesión democrática y el recrudecimiento de las voces que piden acudir a los modelos de seguridad de línea dura y a la militarización.
Sin embargo, el grave deterioro de la situación en Ecuador y la declaratoria de conflicto armado interno decretado en enero de 2024 por parte del presidente Daniel Noboa parecen marcar una nueva etapa en la persistente crisis de seguridad en la región.
El caso de Ecuador se suma al aumento de la percepción de inseguridad y temor a la violencia del crimen organizado en la región. En Chile, por ejemplo, una encuesta reporta que 54% de las personas considera que es muy probable que en el país suceda una situación similar a la de Ecuador.
Frente a la idea de que la violencia y el poder del crimen organizado se salieron de las manos, una parte de la población está dispuesta a apoyar medidas de corte ‘Bukelista’, o sea de renunciar a las garantías democráticas a cambio de pacificación coercitiva.
La seguridad ciudadana en América Latina se ha deteriorado, especialmente en ciudades que tienen puertos y aeropuertos importantes. La razón es la presencia del crimen organizado, en particular las organizaciones ligadas al narcotráfico, que buscaron salidas marítimas y aéreas por varios países de la región para evadir la interdicción aérea en los países productores de cocaína como Colombia y Perú.
Ese es el caso de Ecuador que recibe la tercera parte de la droga que se produce en Colombia para luego ser sacada por el puerto de Esmeraldas, así como también recepciona alucinógenos que vienen de Perú, que es sacada por el puerto de Machala.
A Ecuador le sucedió lo mismo que a México y otros países de la región latinoamericana: al ver que los narcotraficantes intentaban sacar drogas por sus fronteras y puertos hacia Estados Unidos y Europa, los gobiernos consideraron que la droga estaba de paso, que no los iba a afectar y que parte de esos recursos podrían dinamizar las economías locales.
Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta de que este negocio ilícito había llegado para quedarse y para afectar gravemente la seguridad, el bienestar de los ciudadanos y hasta la democracia.
Para tener en cuenta
El 9 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador. Con esta decisión, el Primer Mandatario abrió la puerta para que los militares actúen en las calles en actividades relacionadas con la seguridad interna.
