El Salvador penaliza el aborto en todas sus formas, dejando a miles de mujeres expuestas a la criminalización, la injusticia y el riesgo de muerte.
Derechos Negados Latinoamérica
En El Salvador, el aborto está prohibido en todas sus formas, incluso en casos de violación, riesgo para la vida de la madre o malformaciones fetales. Esta prohibición, vigente desde 1998, ha convertido a muchas mujeres en víctimas de un sistema judicial que las castiga con penas de hasta 50 años de prisión.
Mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas en El Salvador
Teodora Vásquez es una de ellas. A los 22 años, sufrió un aborto espontáneo mientras trabajaba en una escuela. En lugar de recibir atención médica y apoyo, fue acusada de homicidio y sentenciada a 30 años de prisión. «Jamás imaginé que iría a la cárcel por algo que no hice», recuerda Teodora, hoy directora de la Asociación Mujeres Libres.
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Tras 11 años en prisión, Teodora fue liberada gracias a la presión de organizaciones feministas. Sin embargo, su lucha continúa: «Cuando todos se fueron a sus casas, yo me quedé sola, sin trabajo y con antecedentes penales». Hoy, trabaja para evitar que otras mujeres vivan lo mismo.
Aborto penalizado: una ley que criminaliza el dolor
Según Mariana Moisa, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, «las condenas a mujeres en El Salvador son desproporcionadas, de hasta 50 años de prisión». Esto ha llevado a la criminalización de quienes sufren complicaciones obstétricas y abortos espontáneos.
El caso de Beatriz, una joven diagnosticada con lupus en 2013, ejemplifica la gravedad de esta ley. Su embarazo ponía en riesgo su vida, pero el Estado le negó un aborto terapéutico. Beatriz falleció en 2018 y su familia sigue exigiendo justicia. «Queremos reparación para mi hermana», dice su hermano Humberto, quien participa en actos de memoria para exigir el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra El Salvador.
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Abortos clandestinos: un riesgo mortal
La prohibición del aborto no ha eliminado su práctica, sino que ha empujado a miles de mujeres a procedimientos inseguros. Adriana Oliva, de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, señala que «el acceso a información sobre derechos reproductivos es casi nulo». Esto, sumado a la estigmatización, obliga a muchas a recurrir a métodos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas.
En 2020, el artista Residente cuestionó al presidente Nayib Bukele sobre esta situación. Aunque Bukele reconoció la criminalización injusta de mujeres por abortos espontáneos, reafirmó su oposición al aborto. Para las activistas, la verdadera tragedia es la falta de acceso a servicios de salud reproductiva.
Una lucha por la justicia y los derechos humanos
Las organizaciones feministas continúan su lucha. Teodora Vásquez y otras excarceladas llevan su historia a escenarios teatrales, buscando sensibilizar a la población. «Queremos dejar un legado para que nuestra historia no se repita», dice Teodora.
Treicy Sánchez, psicóloga que ha presenciado estas obras, afirma: «Es impresionante ver cómo transforman su dolor en arte».
En 2024, la CIDH falló contra El Salvador por el caso de Beatriz, marcando un precedente histórico. Sin embargo, en 2025 la penalización del aborto sigue intacta. «Seguir en la lucha por la despenalización es nuestra inspiración», dice Adriana Oliva.
Mientras tanto, las calles de San Salvador siguen siendo testigos de protestas que exigen justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos. A pesar de casi tres décadas de lucha, la causa sigue vigente.
Descubre cómo un aborto espontáneo llevó a una condena de 30 años de prisión en este impactante caso.
