Foto: captura de video DW Español.

El derrame de crudo llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en la provincia.

Noticias Latinoamérica. 

La provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador, vive una de las peores crisis ambientales en las últimas tres décadas. Un derrame de 25.000 barriles de petróleo ha contaminado ríos, afectado cultivos y puesto en riesgo la salud y el sustento de miles de personas, desencadenando una emergencia sin precedentes en esta región históricamente golpeada por la pobreza y la violencia.

El desastre se originó en marzo, tras la ruptura de un tramo del Oleoducto Transecuatoriano en el cantón Quinindé. Desde entonces, la mancha de crudo se ha extendido por más de 86 kilómetros, afectando directamente los ríos Caple, Viche y Esmeraldas. La escena es desoladora: peces flotando muertos, vegetación cubierta de petróleo y comunidades enteras sin acceso a agua potable.

“Es la primera vez en mi vida que veo algo así. El agua estaba completamente negra, era solo crudo”, contó el agricultor Celso Nazareno en declaraciones a CNN. Pero el daño no es solo ambiental. Los habitantes han comenzado a sufrir graves consecuencias para su salud, con síntomas como mareos, vómito, afecciones gastrointestinales y lesiones cutáneas.

En Viche, una de las zonas más afectadas, el médico Bryan Miranda atiende hasta 100 personas por día. “El agua no puede usarse ni para el aseo”, afirmó. Los camiones cisterna enviados por el Gobierno no logran cubrir la demanda, obligando a las familias a esperar durante horas para conseguir un poco de agua limpia.

Petroecuador, empresa estatal responsable del oleoducto, inició labores de limpieza y ofreció compensaciones, pero aún no ha explicado qué medidas tomará para prevenir futuros derrames. Entre 2012 y 2022 se registraron más de 1.500 derrames petroleros en Ecuador, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), lo que evidencia una falla estructural en la gestión ambiental.

Para el biólogo marino Eduardo Rebolledo, la situación refleja un abandono institucional grave. “No tenemos estudios actualizados ni una línea base para medir la pérdida de especies”, aseguró. Y para pescadores como Neris Torres, el impacto económico es inmediato: “Si no traemos pesca, no comemos. Así de simple”.

El alcalde de Quinindé, Ronal Moreno, calificó el hecho como «una de las mayores catástrofes ambientales de los últimos 30 años». Las comunidades afectadas exigen acciones urgentes y efectivas del Estado, ante un desastre que amenaza con dejar cicatrices irreparables en el ecosistema y en sus formas de vida.

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