Al mandatario Guillermo Lasso se le imputan presuntos actos de corrupción en empresas públicas que involucran a un círculo cercano de colaboradores y exfuncionarios.
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La Asamblea de Ecuador votó con 104 votos a favor del informe elaborado por una comisión legislativa ocasional que recomienda juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
El mandatario se encuentra en la mira desde enero por la Fiscalía del Estado dentro del «Caso Encuentro».
De acuerdo a CNN, se trata de una presunta «estructura criminal» que involucra funcionarios, exfuncionarios y personas particulares en la «concesión de cargos y contrato con empresas de forma de irregular».
Con la votación, la Asamblea respaldó que se lo enjuicie a Lasso por la «comisión por omisión» de los delitos de cohecho, concusión y peculado.
Lasso, por su parte en un comunicado, pide que se realicen «las investigaciones pertinentes, con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita».
El informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, probatorio y jurídico.
No obstante, he dispuesto contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la @FiscaliaEcuador para esclarecer cualquier duda. pic.twitter.com/uSXvQfxDTL
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 4, 2023
El mandatario ha negado desde enero la existencia de una estructura de corrupción en el Poder Ejecutivo y ha insistido en que hay instituciones del Estado «preocupadas por tumbar al Gobierno».
Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en Ecuador
👉 https://t.co/wXvz3hV8lk pic.twitter.com/wNKR2nyf2E— OEA (@OEA_oficial) March 6, 2023
¿Qué sigue?
Si bien la aprobación del informe no vinculante de parte de la Asamblea no es determinante para enjuiciar políticamente al mandatario, se necesita la Corte Constitucional para determinar si procede o no.
Independiente de ese pronunciamiento, la legisladora y presidenta de la comisión ocasional que elaboró el informe, Viviana Veloz, informó que la próxima semana solicitarán el juicio político ante el Consejo de Administración Legislativa (órgano administrativo de la Asamblea) con las firmas de los asambleístas que lo respalden.
Para ello se requiere al menos 46 firmas de asambleístas para iniciar el trámite.
Así, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizará si el pedido cumple los requisitos. En caso de cumplirlos, enviará la solicitud a la Corte Constitucional para que emita su dictamen de admisibilidad y determine una decisión.
Y si la Corte emite un dictamen en contra, la petición quedaría archivado.
Pero si admite el enjuiciamiento, el presidente de la Asamblea debe ponerlo nuevamente en consideración del CAL y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para su trámite.
La comisión tendrá 30 días para presentar su informe recomendando o no el juicio político.
Si la Comisión sugiere el juicio político el informe pasa al plenario para el enjuiciamiento político del presidente, quien tendrá su espacio para defenderse y ser interpelado.
Si los legisladores deciden votar por su censura y destitución, necesitarán una mayoría calificada de 92 votos, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.