Keyla Martínez
Organizaciones y familia de Keyla Martínez realizaron plantón frente a los Juzgados de la Esperanza, Intibucá. Foto: Tomada de red social X.

El trágico caso de Keyla Martínez subraya la urgencia de combatir la impunidad en femicidios, que alcanza el 95%. La familia insiste en su búsqueda de justicia, instando a no callar frente a la violencia hacia las mujeres.

Por Lourdes Ramírez

Periodista FORO HUMANOS

Además de vivir un proceso doloroso por la pérdida de una hija, hermana, tía y amiga, la familia de Keyla ha tenido que enfrentarse al miedo, hostigamiento e intimidación de las autoridades que los presionaban para que reconocieran el veredicto de “suicidio”, y así librar a los agentes de cualquier responsabilidad.

Noticia relacionada: El rol de las autoridades en el feminicidio de Keyla Martínez: un patrón de encubrimiento

“Desde el primer día que asesinaron a mi hija, fuimos objetos de amenazas” refiere doña Norma. Enfatiza que en todo momento las declaraciones de los policías estuvieron enfocadas a encubrirse mutuamente y que utilizaron testigos falsos para crear un caso a favor del agente homicida.

“A una parte de mi familia le tocó salir del país debido a las constantes amenazas, y no solo por parte de la policía sino también del doctor Edgar José Velásquez”, dijo la señora.

Un Estado sin recursos

Para Andrea Paz, coordinadora del Observatorio de Seguridad del Foro de Mujeres por la Vida (no gubernamental), el caso de Keyla Martínez es un ejemplo de la debilidad del Estado de Honduras y la deuda que existe para garantizar justicia a las mujeres. Donde pese a la presión de las organizaciones de sociedad civil y a la observación internacional, los agentes policiales salen bien librados gracias a las deficiencias del sistema de investigación, del Ministerio Público y Poder Judicial.

También brinda un contexto para darse cuenta de cómo un caso con indicios claros de responsabilidad penal termina en impunidad, cuánto más aquellos crímenes complejos donde la autoridad no muestra interés ni dispone de recursos para investigar. “Es por eso que este país tiene un nivel de impunidad del 95 por ciento en femicidios”, apunta. De acuerdo con los datos de esa entidad, más de 7,600 mujeres han sido asesinadas en los últimos años.

Sobre el proceso de intimidación y exilio que han tenido que vivir algunos familiares de Keyla, señala que es una constante porque no existe protección a los parientes de las víctimas. Estos muchas veces tienen que arriesgarse para investigar y obtener algún grado de verdad y de justicia. El Sistema de Protección de Testigos, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, no funciona, reconoce. “Hay que hacerse toda una cadena de fuerza entre la familia, las organizaciones, las amistades, para tener un poco de justicia”.

Para el Foro de Mujeres por la Vida está claro que el proceso de investigación y judicialización del caso de Keyla Martínez estuvo bastante parcializado a favor de la Policía Nacional y por tanto hacia el Estado.

El analista Leonardo Pineda señala que el manejo del proceso evidencia que las autoridades no quieren reconocer que hay un problema interno que tiene como consecuencia, invariablemente, que cuando policías y militares delinquen “no hay justicia”. Asegura que esto se ha visto “decenas, cientos de veces, cómo los policías atentan una y otra vez contra la ciudadanía, y son muy pocos los que llegan a juicio”.

Lea también: El crimen de Keyla Martínez sigue sin esclarecerse en Honduras; ahora, dice la justicia, no hay culpables

Ejemplificó que el cambio de tipificación de delito, de femicidio a homicidio imprudencial, se hizo con el objetivo de no señalar a la policía como perpetrador de un crimen de odio, en este caso femicidio, sino que fue un simple descuido “y esto no debería pasar”.

“Es lamentable que no solamente la policía entre en ese discurso, sino también a nivel de jueces y fiscales que no quieren dar un veredicto correcto en este caso”.

Pineda, quien hace tres años participó en un monitoreo sobre el tema de criminalidad, pudo constatar de primera mano las carencias de los cuerpos de investigación, en temas como falta de vehículos, recolección de evidencia, exceso de trabajo para investigadores y fiscales.

“Para resolver un caso, un investigador o un fiscal se puede tardar seis o siete meses. Si recibe seis casos, ocho, nueve o diez casos en una semana ¿Cómo va a salir? Es difícil”, asegura.

Hay que seguir alzando la voz por Keyla Martínez

Para doña Norma, la herida nunca sanará. “Hay días en que me pongo a pensar en mi hija, cómo pediría auxilio, si trató de defenderse. La verdad es que estos desgraciados no tuvieron compasión de ella y la asesinaron”, reflexiona.

Piensa en tantas madres cuyos hijos han sido víctimas, y de cómo quisieran hacer justicia por sí mismas, “pero no tenemos esa conciencia, ese corazón negro y podrido que ellos tienen. Sólo nos queda seguir luchando y visibilizando el caso para que, algún día, alguien nos escuche y se haga justicia”.

Doña Norma señala que ante el panorama de violencia, impunidad e injusticia que prevalece en Honduras, los miembros de su familia temen que algo les pase. “Pero aun así seguiremos exigiendo justicia. La muerte de Keyla no puede quedar así, queremos demostrar que puede haber justicia a través de la exigencia y sentar un precedente para que ya no se siga matando a tanta mujer”.

“A la gente les digo que no tengan miedo. Si no alzamos la voz nos van a seguir matando a las mujeres. Vamos a seguir callando y ellos matando mujeres”.

femicidio
Estudiantes fueron destinos en las manifestaciones de #JusticiaParaKeyla. Foto: OACNUDH Honduras.

Hasta la publicación de este reportaje el Tribunal de Sentencia no había hecho pública la sentencia contra el policía Jarol Perdomo. En todos los escenarios la justicia lo pondrá en libertad.

Si la pena no supera los cinco años podrá solicitar la “suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión”, al acogerse al numeral 1 del artículo 78 del Código Penal. Si la pena impuesta fuese de 7 años como demanda la Fiscalía, puede aludir al artículo 81 del mismo Código, que permite la libertad condicional al cumplir la mitad de la pena, lo que alcanzaría en octubre de 2024.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí