Derechos Negados Latinoamérica
En medio del convulsionado panorama político guatemalteco, la captura de líderes indígenas ha despertado una oleada de indignación. La detención de Luis Pacheco y Héctor Chaclán Batz —ambos referentes de los 48 Cantones de Totonicapán y, en el caso de Pacheco, viceministro de Desarrollo y Sostenibilidad— ha puesto en evidencia lo que muchas comunidades ven como una ofensiva del Ministerio Público contra los pueblos originarios.
“No soy un delincuente, no soy un terrorista”, declaró Pacheco tras su captura. “Eso me causa gracia, pero también indignación. Animo a todas las autoridades ancestrales a seguir luchando por la democracia”.
Las tensiones entre el Ministerio Público y el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo, presidente desde 2024, han escalado desde que la fiscal general Consuelo Porras intentó frenar su toma de posesión. La Unión Europea respondió con sanciones que incluyen la prohibición de ingreso a su territorio para Porras y otros funcionarios acusados de socavar la institucionalidad.
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Desde el gobierno, la acusación es clara. “La criminalización de autoridades indígenas y de cualquier persona que defiende la democracia es un ataque contra todos los pueblos del país”, afirmó Arévalo en una conferencia de prensa junto a representantes indígenas. Poco después, se presentó un amparo ante la Corte Suprema contra la fiscal general por discriminación y racismo.
Los rostros de la resistencia
La persecución no se limita a los líderes indígenas. Entre los capturados o exiliados figuran periodistas como José Rubén Zamora, fiscales anticorrupción como Stuardo Campo y defensores de derechos humanos. ONG como UDEFEGUA hablan de una “persecución selectiva” y advierten sobre la cooptación de las instituciones por parte de poderes que buscan silenciar a la disidencia.
“No debemos volver al pasado”, alerta Jorge Santos, coordinador de UDEFEGUA. “La historia de Guatemala está marcada por la represión y el olvido. No podemos permitir que eso se repita”.
Los pueblos indígenas recuerdan que la guerra civil dejó entre 140.000 y 200.000 muertos y desaparecidos, muchos de ellos indígenas. Ese trauma colectivo revive en cada detención arbitraria, en cada protesta ignorada, en cada acusación infundada.
“Somos herederos de una historia de lucha y dignidad”, proclama uno de los dirigentes de Totonicapán. “No permitiremos que la impunidad se vuelva norma”.
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Los ríos que también protestan
La defensa del territorio también forma parte de esta resistencia. En protestas acuáticas y manifestaciones frente a minas como Cerro Blanco —que amenaza aguas compartidas por Guatemala, Honduras y El Salvador—, las comunidades indígenas denuncian el impacto ambiental de los proyectos extractivistas impulsados sin su consentimiento.
“Esto es un desastre hasta para los que aún no han nacido”, afirma el activista Fernando Arrieta, denunciando las consecuencias de una minería que promete empleo pero deja destrucción.
¿Justicia o venganza política?
Mientras la fiscal Porras niega toda persecución y asegura que “la justicia no se detiene”, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han condenado la instrumentalización de las leyes con fines políticos. La línea entre la justicia y la represión se vuelve cada vez más delgada en Guatemala.
Guatemala vive una encrucijada histórica. La democracia, la justicia y los derechos de sus pueblos originarios están en juego. En plazas, redes y calles, la ciudadanía exige que se escuche la voz de quienes por siglos han sido marginados. Y mientras esa voz no sea escuchada, seguirán gritando: en lengua materna, en español, en símbolos y rituales, en defensa de una nación más justa.
