El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sigue consolidando su poder a través de una reforma constitucional recientemente aprobada por la Asamblea Nacional. Esta reforma, que fue impulsada por Ortega, extiende su período presidencial de cinco a seis años, asegurando su permanencia en el cargo hasta 2028.
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La modificación también establece la figura de «copresidenta» para la vicepresidenta Rosario Murillo, consolidando aún más el control de la pareja presidencial sobre el país.
Una de las reformas más significativas otorga a la presidencia la capacidad de coordinar las funciones del poder judicial y legislativo, lo que ha generado preocupación entre sectores opositores y organismos internacionales. Además, se le otorgan facultades para ordenar la intervención del Ejército en apoyo de la Policía Nacional en situaciones de crisis. También, la nueva normativa autoriza a los agentes de seguridad a ocupar temporalmente cargos dentro del poder Ejecutivo cuando así se les ordene.
Con el nuevo esquema, Ortega y Murillo pueden nombrar un número ilimitado de vicepresidentes, lo que ha levantado especulaciones sobre la posibilidad de que alguno de los ocho hijos de la pareja, que ya ocupan puestos en el gobierno o dirigen medios de comunicación estatales, pueda ser elegido para el cargo.
Reformas Constitucionales de Ortega: Creación de fuerzas militares y críticas internacionales sobre la concentración de poder
La modificación también crea las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «policía voluntaria», dos entidades que, según la oposición, podrían constituir fuerzas parapoliciales o paramilitares, lo que incrementa la preocupación sobre la militarización del país.
La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su «profunda preocupación» por las reformas constitucionales, señalando que eliminan el artículo que garantizaba la separación de poderes y el pluralismo político, concentrando aún más poder en el Ejecutivo.
Ortega, quien llegó al poder en 1979 tras derrocar a una dinastía familiar de derecha, se encuentra actualmente en su cuarto mandato consecutivo desde que regresó al poder en 2007. A pesar de las críticas internacionales, el mandatario continúa afirmando que estas reformas son necesarias para consolidar el Estado revolucionario y la estabilidad del país, tal como lo expresó recientemente el presidente del Parlamento, Gustavo Porras.
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