Ecuador se sume en una crisis inédita: en solo cinco años, la tasa de homicidios creció un 40%. La reciente ola de violencia, con cárceles tomadas y fugas de criminales, llevó al presidente Noboa a decretar estado de excepción. ¿Está el país al borde de un giro autoritario? La estabilidad democrática pende de un hilo.
La cifra por sí es alarmante y aterradora. En cinco años, la tasa de homicidios en Ecuador creció alrededor de 40 por ciento, según datos entregados por la Policía de ese país. Para citar solo un ejemplo: en 2018 asesinaban alrededor de 5,8 ciudadanos por cada 100 mil habitantes; hoy, esa misma medición supera el 44,4 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Todo esto explica, en parte, la convulsión social y de orden público desatada en este país en los primeros días de 2024. Presos se tomaron las cárceles, secuestraron a guardas y asesinaron a al menos dos funcionarios; el peligroso capo Fabricio Colón Pico, alias Fito, escapó y ciudades como Guayaquil, Quito, Ibarra, entre otras, fueron objeto de balaceras en lugares públicos y hasta la toma de un canal de televisión.
A pesar de la crueldad, y el número de muertos aún por calcular, el riesgo más grande en Ecuador es la desestabilidad de la institucionalidad y, por ende, la democracia. El presidente Daniel Noboa, cercado por sus contradictores y una ciudadanía que pide mano dura, se acerca poco a poco a la construcción de un gobierno totalitario.
Las raíces del caos en Ecuador
Las razones de porqué el país llegó a tal estado son muchas. Primero, el entonces presidente Rafael Correa firmó una amnistía en 2011 con el grupo delincuencial Los Choneros, en una especie de alivio social para disminuir la delincuencia creciente. Esto abrió la puerta a que más bandas se acogieran, y con ello, la representación dentro la comunidad.
Hoy hay 23 bandas organizaciones de delincuencia urbana, reconocidas por el Gobierno nacional. A eso se suma, el auge del narcotráfico y la operación en sus costas pacíficas de grupos extranjeros, como las disidencias de las Farc colombianas y emisarios de cárteles mexicanos, según han expuesto estudiosos de este fenómeno como el coronel retirado Mario Pazmiño.
“Existen 35 centros de privación de libertad donde las 23 organizaciones terroristas consolidan sus dominios en cada pabellón y desde donde se ejerce una gobernanza criminal. El control en cada recinto carcelario lo ejercen las organizaciones delictivas, gracias al nivel de penetración y corrupción en las instituciones estatales encargadas de su administración”, expuso el coronel Pazmiño en una columna de opinión publicada en el portal Ecuador Transparente.
De acuerdo con el exalto oficial, “las organizaciones terroristas operan bajo la modalidad de un holding con una subdivisión de trabajos, tareas, responsabilidades y sectores de empleo. La estructura delictiva se encarga de entrenarlos y equiparlos para cumplir sus actividades o misiones de ataque a la colectividad o instalaciones estatales sembrando el terror social”.
El asesinato que elevó la espiral de violencia
Al candidato presidencial (y además periodista) Fernando Villavicencio lo asesinaron el 9 de agosto mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad de Quito. Hombres armados, de nacionalidad colombiana, lo atacaron a disparos en medio de una multitud.
Era la primera en varias décadas que el crimen organizado se atrevía a tocar a un candidato en plena plaza pública. Algo en Ecuador había cambiado. Los archivos de inteligencia señalan que el crimen se planificó desde las cárceles.
“Las estructuras criminales han encontrado un espacio de supervivencia y centro de operaciones y logística desde las cárceles. Cuando esto se estructura y se fortalece, tienen la capacidad de romper los límites y fronteras que exige la condición de estar privados de la libertad y logran controlar el territorio”, le dijo al medio de comunicación SEMANA el excandidato presidencial Christian Zurita.
Antes de Villavicencio, ya las bandas delincuenciales ecuatorianas habían dado muestra de lo que podían llegar a hacer. El 21 de enero de 2023 asesinaron a Julio César Farachio, candidato a la Alcaldía de Salinas; el 5 de febrero, la víctima fue Ómar Menéndez, candidato a la Alcaldía de la ciudad de Puerto López; el 16 de julio cayó baleado Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional; el 23 de julio ocurrió el crimen de Agustín Intriago, alcalde de Manta.
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Todos estos asesinatos dan cuenta de que las bandas ecuatorianas no solo buscan el poder en las calles y el control de la ilegalidad, ahora quieren el poder político y del estado entero.
Toda esta situación, sumado a lo que acontecido en estos primeros días de enero, llevó al presidente Noboa, de corriente centroderecha a decretar el estado de excepción.
¿Qué viene ahora?
La conmoción interna que dio paso a la declaratoria de estado de excepción, le permite al gobierno ecuatoriano la movilización de las Fuerzas Armadas en centros urbanos. También incluye un toque de queda para limitar reuniones. El Estado entra a regular parte de las libertades de los ecuatorianos.
El presidente Noboa anunció mano dura en la política carcelaria, incluso sugirió enviar 1500 presos colombianos a la frontera con ese país. En dicho paso entre ambos países se gestó parte de la violencia que hoy vive el país.
Por la frontera colombiana se colaron las disidencias de las Farc y se creó un emporio narcotraficante en medio de la selva. Tres periodistas que empezaron a investigar este fenómeno fueron asesinados en 2018.
Con este contexto, y la experiencia de El Salvador con Nayib Bukele, apunta a un escenario parecido en Ecuador.
