El Paro Nacional de 2021 en Colombia desató violencia y abusos, especialmente en Cali. La impunidad persiste mientras un Tribunal Popular busca justicia, destacando el caso de Michael Andrés, un joven víctima de la represión policial.
Por Juan Carlos Díaz
Periodista FORO HUMANOS
El 28 de abril es un día que está marcado en la historia reciente de Colombia. Aquella fecha de 2021, en las calles de decenas de ciudades salieron miles de manifestantes en lo que se conoció como el Paro Nacional, luego ‘estallido social’. Las protestas, que se extendieron hasta el 12 de junio de aquel año, están próximas a cumplir tres años.
Diversos actores y sectores sociales, en su mayoría jóvenes, se movilizaron ante el inconformismo de las medidas adoptadas por el Gobierno del entonces presidente de la República, Iván Duque.
Fue en este escenario, en donde se registraron innumerables protestas, que ocasionaron fuertes enfrentamientos entre las autoridades y manifestantes. Sobre esto, hay múltiples denuncias de extralimitación de la Fuerza Pública.
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De acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, entre muchas otras organizaciones internacionales que visitaron Colombia durante junio de 2021, durante 2021 en Colombia hubo más de 12 mil protestas en 862 municipios de los 32 departamentos de Colombia y al menos 1.038 manifestaciones presentaron casos de desapariciones, fallecimientos, heridos y agresiones sexuales como consecuencia del uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, en particular en ciudades como Cali, Bogotá y Popayán.
Estallido social en Cali
Cali -la tercera ciudad más importante de Colombia, después de Bogotá y Medellín- fue epicentro de las protestas de este estallido social, concentrando alrededor de 25 puntos de resistencia, particularmente en el oriente y las zonas de ladera de la ciudad, en donde se adelantaron operativos de la Fuerza Pública, en particular con los Escuadrones Móviles Antidisturbios, Esmad, Grupos Operativos Especiales de Seguridad, Goes de la Policía. No obstante, hay denuncias sobre participación de civiles armados y militares vestidos de civil sin identificación, que presuntamente actuaron de manera articulada con miembros de la Fuerza militares.
Estas acciones, particularmente de algunos miembros de la Policía que hoy están en juicio, dejaron numerosas víctimas, especialmente en la ladera occidental de Cali, en el barrio Siloé, un sector barrial con altos niveles de pobreza, con una historia de violencia, desigualdad social y económica, así como de resistencias y luchas populares.
“Operación Zapateiro”
Siloé, que sobresale en medio de las montañas entre los Farallones y el cerro Cristo Rey, con numerosas casas apiladas entre la montaña y, sobre ella, una estrella gigante que la ilumina en las noches, hace parte de la comuna 20 de la ciudad de Cali, que está compuesta en total por ocho barrios y tres urbanizaciones (Belén, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, Lleras Camargo, Pueblo Joven, La Sultana, Siloé, Tierra Blanca, Urbanización Venezuela, Urbanización Cañaveralejo, Urbanización Cortijo).
Fue en este sector de Cali, que empezó siendo de invasión, creado por desplazados de la violencia, entre los que se encuentran un gran número de indígenas y afrodescendientes, en donde se concentró la “Operación Zapateiro”, que comando personalmente el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, quien implementó la orden del presidente Duque de “estabilizar y recuperar la ciudad de Cali” ante las protestas que se estaban presentando en 2021.
Sectores como la Glorieta de Siloé y La Nave fueron de los primeros puntos de resistencia que fueron objeto de lo que ahora muchos denuncian como represión estatal.
Organizaciones sociales documentaron 18 casos con múltiples tipos de agresiones de violación de derechos humanos entre el 28 de abril y el 13 de junio de 2021, en donde se identificaron 159 víctimas, de las cuales 16 personas fueron asesinadas en Siloé presuntamente a manos de la Fuerza Pública, en lo que denominaron “La Masacre de Siloé”.
Balance de violencia
Según la Fiscalía, durante el paro murieron 29 personas; más de la mitad en Cali. Fueron 25 civiles, tres policías y un miembro del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía).
La Fiscalía ha acusado a tres oficiales de Policía y un patrullero por casos relacionados con homicidios y ha logrado la captura de 119 manifestantes por agresiones a policías.
Por su parte, la ONG Temblores hablan de 40 casos de violencia homicida atribuidos a la Policía y al Esmad, sin ningún fallo condenatorio.
A su turno, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice que, de 46 casos verificados, en al menos 28 los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública y en 10 actores no estatales.
La masacre
La noche del 3 de mayo de 2021, habitantes del barrio Siloé se reunieron en una velatón pacífica en memoria de los muertos, en las inmediaciones de la rotonda del barrio. Allí se encontraban prendiendo velas en memoria de Nicolas García Guerrero, un joven grafitero asesinado el día anterior -el 2 de mayo- en el sector del Paso del Comercio, al nororiente de Cali.
Fue en ese momento en que las Fuerzas Militares adelantaron la “Operación Siloé”, contra las personas allí reunidas. La desmedida acción policial, presuntamente ocasionó la muerte de tres hombres: Kevin Anthony Agudelo, José Emilson Ambuila y Harold Antonio Rodríguez, y 22 personas resultaron heridas gravemente heridas.
Estos casos, que son investigados por el Tribunal Popular de Siloé, una instancia única en Colombia y surgida tras las protestas e impulsada por organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales, que busca esclarecer la verdad, concluyó que durante los 46 días de protesta del estallido social hubo 16 asesinatos en Siloé, en los cuales, dos de las víctimas eran menores de 15 y 17 años.
El tribunal, que emitió un fallo no vinculante y condena simbólica al Estado colombiano por estos 16 asesinatos, documentó 136 heridos por el uso desmedido de la fuerza, 74 que sufrieron tratos crueles e inhumanos, 73 retenidos arbitrariamente y 48 heridos por armas de fuego.
Justicia en la sombra
Después de 33 meses, casi tres años, estos casos siguen en la impunidad. Sin ningún condenado.
Este ejercicio de documentación fue el centro de lo que luego sería la audiencia de juicio, acusación e imputación de cargos, realizada el 10 de septiembre de 2022, y finalmente la lectura de la Sentencia del Tribunal Popular en Siloé, la cual se presentó en una audiencia pública en Cali el 20 febrero de 2023, por los magistrados de Portugal, Estados Unidos, Alemania, Cuba, Argentina, Bolivia, México, Ecuador y Colombia.
Este Tribunal Popular persiste en su lucha para que sean reconocidos los asesinatos de los jóvenes no solo de Siloé, Cali, sino de todo el país, ya que los genocidios se realizaron de forma sistemática en Colombia.
Delitos imputados durante el estallido social
En la Sentencia, elaborada de forma colectiva por el equipo de magistradas y magistrados del Tribunal Popular en Siloé, se determinó cuáles fueron los delitos imputados a los miembros de la Fuerza Pública implicados en los 16 asesinatos en Siloé, durante el estallido social en Cali, tras un riguroso proceso que implicó ver, escuchar, contrastar, comprobar, analizar y comprender tanto los contextos en los que se presentaron las violaciones a los derechos humanos de la población de Siloé.
– Genocidio continuado contra la juventud y habitantes de sectores populares y crímenes de lesa humanidad
– Masacres, homicidios selectivos y tentativas de homicidios
– Detenciones, desapariciones forzadas
– Torturas, tratos crueles y degradantes
– Detenciones arbitrarias y montajes judiciales
– Amenazas y amedrantamientos
Acusados o presuntos responsables
– Estado de la República de Colombia en cabeza de: • Iván Duque Márquez, presidente de Colombia (2018-2022).
– Diego Andrés Molano Aponte, ministro de Defensa Nacional (2021- 2022). • General retirado Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional de Colombia (2019-2022).
– Clara Luz Roldán González, gobernadora del Valle del Cauca (2020- 2023).
– Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de Santiago de Cali (2020-2023).
– Brigadier general retirado Hoover Alfredo Penilla Romero, subdirector de la Policía Nacional (2020-2022).
– Brigadier general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali (2021).
– Coronel Edgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali (2021).
– Brigadier general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali (2021-2022).
– Teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzalíaz, comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana de Cali (2021).
En Cali, la Fiscalía acusó a dos oficiales y un patrullero como supuestos responsables de “varios homicidios”. En el caso de Siloé están investigados el teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzalíaz, comandante del Goes y el coronel Édgar Vega Gómez, entonces comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali.
«Esperar que algún día haya justicia»
Michael Andrés Aranda Pérez era un joven de tan solo 24 años, que resultó muerto en la segunda masacre en Siloé el 28 de mayo de 2021, cuando se dirigía a su casa. Fue impactado por proyectil de arma de fuego en la espalda, a la altura de la panadería La Sorpresa, alcanzó a ser trasladado al puesto de salud Siloé y luego al Hospital Universitario del Valle.
En el trayecto alcanzó a decir a su madre, María Italia, antes de fallecer, que le había disparado la Policía.
“Mamá yo estoy bien”, le dijo a su madre, quien agrego que al tocar lo sintió muy frío.
“Cuando lo toqué lo sentí ya muy frío y le pregunté al paramédico y me dijo que eso era normal. Después él me dijo vamos rápido, vamos rápido”, recuerda su madre.
María Italia no logra entender por qué los jóvenes que fueron asesinados hasta el momento no hay ningún detenido.
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Secuelas del estallido social
“Las balas que le hicieron falta a los policías, ellos la reportaban como robadas. Pero si hubiese sido uno de ellos el muerto, hasta recompensa ofrecieron. Y no veo la diferencia entre un policía y mi hijo. Son seres humanos y ambas vidas se tendría que haber respetado. La Policía no debió responderles a los jóvenes con balas y menos con balas de fusil, mientras ellos tenían un escudo y una piedra. No fue justo”, aseguró María Italia.
Para la madre de Andrés, la impunidad que reina en el caso de hijo, a tres años de los hechos, es porque “la burocracia siempre está a favor de ellos (Policía)”.
“Nosotros, los pobres, nunca tenemos nada a favor. Entonces nos toca seguir luchando contra esa impunidad y esperar que algún día haya justicia”, agregó.
María Italia, asegura que tiene muchos recuerdos lindos de su hijo. “Recuerdo que siempre me decía que me amaba. Yo sabía que cuando llegaba de trabajar, así fuera un vaso de agua me esperaba en la mesa. Quería salir adelante por su familia. Nos dejó una nieta de cinco años. Conseguir una casita. Quería tener moto. Quería estudiar porque quería salir adelante”.
El abogado
En el caso de Michael Andrés, el 26 de julio de 2023, se adelantó una Audiencia de Imputación ante el Juzgado 32 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, quien impartió control de legalidad formal y material al acto de imputación de la Fiscalía en contra el coronel Edgar vega Gómez, quién era en ese entonces comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, como autor del delito de Homicidio Agravado en concurso homogéneo contra Andrés, pero no se dictó medida de aseguramiento.
El pasado 30 de enero de 2024, se adelantó una Audiencia de Acusación, pero la juez determinó juntar todos los procesos que se llevan contra el oficial para que se pueda demostrar que el accionar fue sistemático.
Herwin Corzo Laverde, uno de los abogados que lleva el caso de Andrés, dijo que ningún caso está más allá de audiencia preparatoria. La gran mayoría está en la absoluta impunidad.
“En el caso del 3 de mayo de 2021 solicitamos medida de aseguramiento para el comandante operativo de la policía, el del Esmad y del Goes, pero no fueron concedidas. Para el caso de Michael Andrés hicimos la misma solicitud para el comandante operativo. También fue negada. En ambos casos nuestro argumento se centró en que los comandantes tienen posibilidad de manipular los elementos probatorios antes del juicio”, sostuvo el abogado.
