El camino hacia una Paz Total estable sigue siendo complejo en Colombia, pese a los esfuerzos del presidente Gustavo Petro de poner fin al conflicto armado que aún continúa. a pesar del Acuerdo de Paz firmado hace ocho años entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la más antigua guerrilla de América Latina, las Farc, en la Habana, Cuba, el 23 de junio de 2016.

El balance del cese al fuego en el último año no evidencia verdaderos gestos de paz de los grupos armados con los que se dialoga. Según el más reciente monitoreo de las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en el 2019 el Clan del Golfo hacía presencia en 114 municipios y ahora lo hace en 392 en más de 24 departamentos. El ELN, por su parte, hacía presencia más de 180 municipios y hoy lo hace en 234 de 19 departamentos. Las disidencias de las Farc, que lidera alias “Iván Mordisco”, de 189 pasan a 231 municipios de más de 19 departamentos de Colombia y las estructuras de crimen organizado pasaron de 114 en el año 2019 a 189 municipios en este 2024. 

Pese a que las negociaciones institucionales avanzan, la violencia en las regiones se recrudece, lo que tiende a poner en vilo estos diálogos, como recientemente ocurrió cuando el presidente Petro puso fin al cese bilateral al fuego que estaba en curso con las disidencias de las Farc en el suroccidente del país (y que estaba pactado hasta el 15 de julio de 2024 en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño), debido, según el mandatario, a una serie de incumplimientos por parte de esta estructura criminal, al mando de alias “Iván Mordisco”, y que tuvo su punto álgido con el ataque a la comunidad indígena en Toribío, en el departamento del Cauca, en donde murió la líder Carmelina Yule Paví, de 52 años, tras el ataque de hombres del frente Dagoberto Ramos, ocurrido el sábado 16 de marzo.

En el último año (entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023) la Defensoría del Pueblo hizo un seguimiento permanente al cese al fuego bilateral decretado a comienzos del año anterior por el Gobierno Nacional con varios grupos alzados en armas. El resultado del estudio deja mucho que desear, toda vez que la población civil es la principal víctima, al vulnerársele derechos fundamentales como a la vida, integridad, libertad, seguridad, entre otros.

El monitoreo estableció que se registraron 236 acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales en el desarrollo del cese al fuego, de las cuales 34 fueron acciones directas con la fuerza pública y las restantes 202 correspondieron a acciones indirectas entre las mismas organizaciones armadas, que constituyeron claras infracciones al derecho internacional humanitario, como lo aseguró en su momento el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El departamento del Cauca fue, de lejos, el más afectado con 21 de las 34 acciones directas, indicó la Defensoría del Pueblo. Le siguió Huila, con cuatro; después Valle del Cauca, con tres; Nariño, con dos; posteriormente, Antioquia, Arauca, Guainía y Guaviare, con una acción directa en cada departamento.

El monitoreo de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que 27 de las 34 Acciones Directas (AD) ocurrieron en el primer semestre del 2023, siendo enero el mes en el que más se presentaron, con siete. Luego estuvieron febrero y abril, con seis cada uno; marzo y noviembre, con cuatro cada uno; mayo, junio y octubre, con dos AD cada uno; y agosto, con una. En julio y diciembre no hubo acciones directas.

Del total, 32 fueron cometidas por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc (94%), y hubo un hecho atribuible a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Corinto (Cauca) fue el municipio donde más hubo AD, con cinco; le siguieron Suárez, Patía y Buenos Aires (Cauca), con tres cada población, La Plata (Huila), con tres; Buenaventura (Valle del Cauca), con tres; Argelia (Cauca), con dos.

En el 62.5% de los 16 municipios donde se registraron acciones directas, hubo homicidios contra personas defensoras de derechos humanos.

A lo anterior, se suma que las confrontaciones armadas entre el EMC y la Segunda Marquetalia contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar y Arauca. son parte de las acciones indirectas identificadas por la Defensoría del Pueblo que derivaron en desplazamientos, confinamientos, homicidios, masacres, secuestros, desapariciones, restricciones a la movilidad, extorsiones, entre otros.

Para la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, el crimen de tres indígenas en Toribío, Cauca, entre enero y marzo de 2024, mantiene en riesgo el desarrollo del Quinto Ciclo de la mesa de diálogos de Paz del presidente Gustavo Petro con el Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las Farc, a desarrollarse en Ocaña.

La Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco en el departamento del Cauca pidieron a la Corte Penal Internacional investigar los crímenes de los tres indígenas. 

Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos y presidente del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander, indica que frente a la situación que se presenta en la mesa de diálogos uno de los principales desafíos es la generación de confianza por parte del EMC, de las disidencias de las Farc, con la población civil. 

“A pesar de los avances en los ciclos, la población civil no conoce el estado de los acuerdos que se han alcanzado y con ese panorama es difícil que sean rodeados por las comunidades (…) Una confianza que debe llegar de la mano del Gobierno nacional con inversión social; hay regiones con deudas sociales, económicas y políticas históricas que deben aterrizadas en los territorios afectados por el conflicto”, agrega Pertuz.

Para la Fundación Pares: “los diálogos deben tener la participación de la sociedad civil, para que no suceda lo que pasó con el Acuerdo de paz de 2016, que se firmaron, pero no ha sido posible su implementación de una manera integral”.

Una situación que se vive a nivel nacional pero que la región del Catatumbo, como una de las zonas priorizadas de los diálogos, no es ajena (a pesar de que se viva una cierta calma en la región). En lo corrido de 2024 se han presentado una serie de hechos que no son indiferentes a la búsqueda de la paz total que se desarrolla desde el Gobierno Nacional. Entre los hechos a destacar está la retención (por hombres armados) de la directora regional de la Unidad para las Victimas Judith Maldonado el 20 de febrero. Días después, la exdirectora de la Agencia de Renovación del Territorio también fue retenida y despojada de su camioneta y del armamento de su esquema de protección.

Así mismo, a comienzos de año 2024, las extorsiones y amenazas de grupos armados en Sardinata (un municipio del departamento de Norte de Santander), imposibilitaron reinicio de labores del sector minero. Gremios del sector en su momento elevaron un llamado urgente a buscar soluciones, debido al riesgo de miles de familias que viven de esta actividad.

De igual forma, la situación de orden público en la región del Catatumbo no mejora en lo corrido del año, a mediados de marzo la vía que conduce a Ocaña con el Catatumbo Medio fue bloqueada por la presencia de un carro bomba. Por otro lado, en zona rural del municipio de la Playa de Belén, dos personas fueron víctimas de un campo minado que dejo una persona fallecida.

Frente a esta situación, y en el camino de la búsqueda de la paz total, defensores de derechos humanos piden que el Catatumbo sea una región priorizada como una zona de crisis, y así esperan que sea escuchada de una manera diferencial y excepcional para que el Gobierno Nacional llegue con inversión social en salud, educación, vías, sustitución de cultivos de uso ilícito y superar las barreras que afectan a la región.

Ante este panorama de violencia, en medio de los diálogos de Paz del gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, el gremio de comerciantes, agrupados en la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, vienen advirtiendo desde el año 2023, que: “pareciera que existiera un debilitamiento del gobierno a la Fuerza Pública”.

El presidente de esta agremiación, Jaime Alberto Cabal, aseguró que en el sector comercio se ha incrementado en un 30% los delitos como las extorsiones, secuestro, atracos y asesinatos.

El dirigente gremial, aseguró que en Colombia se vienen fortalecimiento los grupos armados, mientras que pareciera que el Gobierno nacional tiene una estrategia para debilitar la Fuerza Pública.

Para el presidente de Fenalco, en el sector comercio se incrementó en un 30% en el último año los delitos como la extorsión, el secuestro, atracos y asesinatos a propietarios de establecimientos comercio en diferentes regiones.

“Desde mediados del año pasado empezamos a poner la voz de alarma y a manifestar el deterioro de la seguridad, quizás el sector que más lo siente es el comercio, no solo en las grandes ciudades que es el deterioro de la seguridad ciudadana, sino que, en todos los territorios, en los pequeños pueblos y en las carreteras, donde se observa un deterioro notable por la presencia de los grupos guerrilleros”, sostuvo Cabal.

“Acabamos de ver la baja de altos oficiales de la Policía Nacional pareciera que hubiera una estrategia de debilitamiento del gobierno a la Fuerza Pública, eso nos preocupa enormemente, acabamos de ver la falta de repuestos para la operación de helicópteros que están parqueados en Tolemaida, estamos viendo igualmente el conflicto de la reposición de armamento y servicio por parte de Israel a Colombia parado por el Gobierno nacional es un tema que de verdad nos preocupa”, aseguró.

Los diálogos de Paz de Petro

El proyecto de Paz Total del presidente de Colombia Gustavo Petro se centra en dos estrategias generales: por un lado, la negociación con grupos armados políticos como ELN y los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc (Estado Mayor Central) y, por otro, diálogos sociojurídicos con estructuras delincuenciales sin estatus político, asociadas a la criminalidad organizada y a grupos armados que actúan en contextos predominantemente urbanos. 

Estos esfuerzos se centran en desarticular grupos ilegales y mejorar la seguridad en ciudades como Medellín y el Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia, en el puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca y en Quibdó, en el Chocó, donde estos grupos tienen incidencia.

Negociación con el ELN

Aun cuando como parte de las negociaciones con el ELN se han logrado acuerdos parciales en relación con la participación de la sociedad civil y el cese al fuego, el gobierno enfrenta críticas sustanciales en cuanto a la factibilidad y eficacia de las negociaciones para reducir la intensidad del conflicto en diversas áreas del país y lograr a futuro la negociación definitiva con este grupo armado. 

En el caso de la región Pacífico, por ejemplo, a pesar de que durante el primer ciclo de negociaciones la atención se centró en atender la situación humanitaria, durante 2023 el departamento de Chocó registró el 80% del total de confinamientos del país, que afectaron mayoritariamente a poblaciones indígenas y afrocolombianas, según datos entregados por la Defensoría del Pueblo. 

Otro gran reto de los esfuerzos de la Paz total fue el paro armado indefinido decretado por el ELN en el departamento de Chocó en diciembre de 2023, que causó gran consternación y preocupación en las comunidades. Adicionalmente, el 12 de diciembre del mismo año la Defensoría del Pueblo alertó, mediante el comunicado 453, acerca de la grave crisis humanitaria que enfrentaba el departamento tras los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 

El paro armado y los confinamientos muestran que, a pesar de avanzar en el proceso de negociación con el ELN, las dinámicas regionales de violencia continúan. Siendo evidente entonces la distancia entre los acuerdos establecidos y la persistencia de acciones armadas que afectan a la sociedad civil y minan la credibilidad del proceso en la opinión.

Negociación con disidencias de las Farc 

El 8 de octubre de 2023, en Tibú, departamento de Norte de Santander, el país presenció la instalación de la mesa de negociación entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc, uno de los actores que mayor presencia hace en la región del Pacífico colombiano. 

La mesa de diálogos se instaló con un cese al fuego bilateral y la garantía de que existiese un acompañamiento internacional. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por tensiones y confrontaciones armadas entre el EMC y las fuerzas militares que llevaron a la suspensión de los diálogos por parte del primero. 

El grupo argumentó que se habían violado los acuerdos de suspensión de operaciones militares, ya que el Ejército hizo una importante presencia en el marco de las elecciones regionales en diferentes lugares del país, en particular en varios municipios del Cauca como El Plateado y López de Micay. Durante estos meses también el EMC realizó una escalada de violencia por medio de atentados en municipios del norte del Cauca, donde se presentaron ataques a miembros de la Policía en Timba (municipio de Buenos Aires) y Jamundí (Valle del Cauca), que dejaron diez personas heridas. Situaciones similares se registraron en otros lugares del Cauca como Santander de Quilichao e Inzá. 

Frente a estos hechos, el Estado Mayor Central expresó mediante comunicados públicos la instrucción a todos sus frentes para suspender las acciones militares contra la fuerza pública. El 14 de enero de 2024 el presidente de la República expidió el decreto 0016, mediante el cual se amplía la temporalidad por seis meses más al cese al fuego con el EMC, lo cual mostraba la decisión e intención del Gobierno nacional de seguir avanzando con el proceso. No obstante, el pasado 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro suspendió el cese bilateral del fuego con el Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, disidencia liderada por alias Iván Mordisco, en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Ante este cese bilateral del fuego anunciado por el gobierno de Colombia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de su portavoz, hizo un llamado a los grupos armados a cesar todo tipo de hostilidades contra las comunidades.

Durante una Plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Luis Alberto Albán del partido Comunes (grupo político conformado por las exFarc, una vez firmaron el Acuerdo de Paz https://partidocomunes.com.co/), advirtió sobre los asesinatos a líderes sociales y a firmantes de paz pese a las negociaciones que adelanta el gobierno. 

El exguerrillero y representante reclamó que la Paz Total se haga “sobre los cadáveres de líderes y firmantes de paz. Hago el reclamo del asesinato de nuestros compañeros y compañeras y está claro que son las llamadas disidencias y el ELN”, dijo. También solicitó al gobierno “poner seriedad” a los grupos y hacer cumplir lo que se firma.

Diálogos sociojurídicos 

El otro eje complementario de intervención de la Paz Total del presidente Petro han sido los diálogos sociojurídicos con estructuras delincuenciales con fuerte presencia urbano-rural, lo cual se ha venido materializando en el puerto de Buenaventura (Valle) y Quibdó (Chocó), ciudades en donde el progreso ha sido complejo. 

En Buenaventura los diálogos han enfrentado diferentes desafíos. En este espacio participan las dos principales organizaciones armadas del distrito: los “Shottas” y los “Espartanos”, que han estado inmersas en un conflicto violento en los últimos años por el control territorial y de actividades ilegales, que han dejado muchos muertos, en especial jóvenes y menores.

Recientemente uno de los bandos, los ‘Espartanos’, el pasado 6 de marzo se levantó del espacio de conversación que la oficina del Alto Comisionado para la Paz coordina, y de la que también hacen parte los ‘Shottas’, ante la falta de un “acuerdo contundente para darle definitivamente el fin a la guerra”. Además, agregaron que la banda rival estaría realizando alianzas con ELN para ejercer control sobre el puerto.

La ausencia de una ley de sometimiento clara planteó interrogantes cruciales sobre la construcción de cimientos sólidos para la reconciliación y la desmovilización de estructuras armadas en la región. La falta de una vía de negociación formal, similar a la empleada con las Farc o el ELN dificultó aún más los esfuerzos del gobierno para desarmar estas facciones de manera pacífica. 

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Por su parte, en Quibdó, departamento del Chocó, la historia no es muy diferente. Allí las principales organizaciones delincuenciales que hacen presencia en el territorio han hecho parte de los espacios de diálogo. No obstante, se ha identificado que estos grupos pueden tener relación con el Clan del Golfo, el cual no ha hecho parte de estos ciclos de diálogo. En este escenario, se destaca que las organizaciones participantes (los RPS, los Locos Yam y los Mexicanos) estén adelantando conversaciones con la finalidad de construir la paz y reducir significativamente los niveles de violencia y criminalidad en el municipio.

A pesar de este intento, estas estructuras continúan desarrollando actividades ilícitas, en especial aquellas relacionadas con el control de rentas ilegales y la extorsión, lo que muestra su capacidad para controlar el territorio y avanzar en la consolidación de verdaderas gobernanzas criminales. Uno de los desafíos fundamentales es poner en práctica los compromisos acordados en la mesa en el ámbito comunitario, evitando la posibilidad de reestructuración o formación de grupos residuales. En la dinámica criminal de la ciudad también es insalvable la influencia del Clan del Golfo, así como su capacidad para aprovechar espacios que podrían quedar vacíos ante posibles intervenciones en las estructuras existentes.

Es de destacar la reducción significativa, del 54%, en la tasa de homicidios en estas dos ciudades, gracias a los diálogos y acuerdos con las estructuras armadas. A pesar de los avances, la Paz total en Buenaventura y Quibdó muestra debilidades que requieren atención inmediata. 

En 2023 en Colombia fueron asesinados 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos

Un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), revela un panorama de riesgo, amenaza e inseguridad para quienes están dedicados a promover y proteger os derechos de las comunidades en Colombia, puesto que durante el 2023 fueron asesinados 181 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional. Del total, 160 eran hombres y 21, mujeres.

Pese a estas elevadas cifras, hubo una disminución del 16% en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 215 casos; es decir, fueron asesinadas 34 personas menos en el 2023. 

Los sectores sociales más afectados fueron el comunal (37 homicidios), indígena (37), comunitario (36), campesino (13), afrodescendiente (10), víctima (9), OSIGD-LGBTIQ+ (7) y el de activistas de DD. HH. (7).

Abril (con 19 crímenes), junio y julio (18 cada uno), diciembre y marzo (17 cada uno) fueron los meses con el mayor registro de asesinatos contra estas personas. 

El ‘Informe anual de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos enero-diciembre 2023’ da cuenta de que los 181 crímenes sucedieron en 123 municipios (en 25 departamentos), como también, de que el 44% del total de los casos se concentró en 80 de ellos. Cauca (con 36 casos), Antioquia (21) y Nariño (17) fueron los departamentos donde hubo más homicidios, es decir, 74, lo que representa el 41% del dato global. 

Les siguieron Valle del Cauca (15 homicidios), Córdoba (10), Putumayo (9), Norte de Santander (7), Arauca (7), Bolívar (7) y Bogotá (6). 

Al hacer la sumatoria de los últimos ocho años, entre el 2016 y el 2023, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de 1.294 líderes asesinados en el país: durante el 2016, 133; en el 2017, 126; en 2018, 178; para el 2019, 134; al año siguiente, en 2020, 182; para el 2021, 145; durante el 2022, 215, y el año pasado, 181.

Desplazamiento forzado masivo y confinamiento

En Colombia, durante el último año, hubo 154 eventos de desplazamiento forzado, lo cual representa un incremento del 7% en comparación con el 2022, cuando sucedieron 144 hechos de la misma naturaleza.

En el 2023 se presentaron 215 eventos de confinamiento, lo cual significa un incremento del 63% en comparación con el 2022, cuando se registraron 132.

El año anterior fueron 54.665 personas las que debieron abandonar sus hogares como víctimas de este flagelo, en 17 departamentos.

Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial fueron la causa principal de más del 50% de los eventos en el 2023. Los combates alcanzaron un nivel de afectación considerable debido a las alianzas entre diferentes estructuras armadas al margen de la ley para obtener una hegemonía en el control territorial. 

La duración de los enfrentamientos, que en algunos casos superó un día, y su impacto en la población civil se evidenciaron en repetidas ocasiones, puesto que las familias se vieron afectadas en razón a la cercanía de ese tipo de hechos violentos a las áreas pobladas.

En total fueron 17 los departamentos víctimas de desplazamiento forzado masivo, siendo Nariño el más afectado, con 58 eventos, que impactaron a 9445 familias, integradas por 23.483 personas. Le siguen Chocó, con 19 eventos; Valle del Cauca, con 16; Antioquia, con 15; Cauca, con 13, y Bolívar, con nueve.

En cuanto a las épocas del año, los meses que presentaron un mayor incremento en el número de eventos fueron de julio a septiembre (tercer trimestre), con 56. En el 2022, el mes con más afectación fue enero, con un total de 31 eventos.

El panorama de los confinamientos

Durante el 2023 hubo 215 confinamientos, con una afectación a 18.356 familias, el equivalente a 66.279 personas, lo cual significa un incremento del 63% en comparación con el 2022, cuando se registraron 132. 

El confinamiento se dio en diez departamentos; el más golpeado fue Chocó, con 124 eventos (10.313 familias afectadas, es decir, 40.414 personas). Le siguen Putumayo, con 22 eventos; Nariño, con 21; Arauca y Valle del Cauca, con 13 cada uno, y Cauca, con 12.

En el 30% de los eventos de confinamientos, las comunidades negras son las más afectadas; el 50%, población indígena, y el 20% restante de los eventos ha afectado a la población campesina.

Finalmente, en el 2023 se registraron 124 eventos de riesgos de desplazamiento masivo forzado o confinamiento, con mayor afectación en Caquetá, con 26; seguido de Antioquia, Chocó y Putumayo, con 11 eventos cada uno. Durante el 2022 se presentaron 143, lo cual evidencia que los eventos de riesgo disminuyeron en el 2023, pero debido a que se materializaron en confinamientos y desplazamientos forzados masivos.

Los departamentos con mayor afectación de riesgo para el 2022 fueron Antioquia, con 19 eventos; Nariño, con 18; Putumayo, con 16; Cauca, con 15; Chocó, con 13; Bolívar, con 12, y Valle del Cauca, con 10. Ese año hubo 19 departamentos con afectaciones, mientras que para el 2023 la misma conducta se presentó en 20 departamentos.