Un planeta en crisis necesita que el 1% más rico actúe ahora para mitigar los efectos del cambio climático
En el contexto del cambio climático, surge una cuestión crítica: ¿quién debe asumir la responsabilidad de mitigar los efectos negativos de la contaminación? Laurence Tubiana, economista y directora general de la Fundación Europea del Clima, defiende que las personas más ricas, responsables de una mayor proporción de emisiones de gases de efecto invernadero, deberían contribuir significativamente a las soluciones.
Investigaciones recientes destacan que el 1% más rico del mundo emite más gases de efecto invernadero que el 66% más pobre. Esta disparidad no solo se observa entre países desarrollados y en desarrollo, sino también dentro de cada nación. Aquellos con menos recursos son los más afectados por las consecuencias del cambio climático, enfrentando desastres naturales y condiciones climáticas extremas con menos capacidad de adaptación.
Una propuesta para abordar esta desigualdad consiste en imponer impuestos a los viajeros frecuentes y a las industrias altamente contaminantes. El sector aéreo, por ejemplo, es uno de los principales emisores de carbono, y gravar los vuelos frecuentes podría ser una medida efectiva. Además, se ha sugerido implementar impuestos sobre las emisiones de carbono en el transporte marítimo y en la industria de combustibles fósiles.
Impuestos por un planeta mejor
El financiamiento climático será un tema central en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 en Azerbaiyán. Se requiere una inversión anual de 1.5 billones de euros para reducir las emisiones netas a cero para 2050. Los países en desarrollo, excluyendo a China, necesitarán aproximadamente 2.4 billones de dólares al año hasta 2030. Brasil, por ejemplo, necesitará destinar 200,000 millones de dólares anuales para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones.
La movilización del financiamiento público es esencial, especialmente en un contexto de crecimiento económico lento y restricciones fiscales post-pandemia. Aunque los países con ingresos bajos y medios necesitan capital privado, las altas primas de riesgo asociadas con proyectos verdes limitarán su rol. Se necesitan políticas audaces para imponer impuestos progresivos sobre actividades de alta emisión de carbono y sobre la riqueza extrema.
Imponer impuestos a las transacciones financieras y a las emisiones de CO2 puede generar ingresos sustanciales y extender el principio de «responsabilidad común, pero diferenciada» al sector empresarial y a las personas. Estos impuestos permiten a los países comprometerse con gastos e inversiones a largo plazo, liberando recursos adicionales para proyectos climáticos sin desviar fondos de los presupuestos existentes.
El FMI apoya desde hace tiempo los impuestos a las emisiones de CO2 y a la extracción de combustibles fósiles, no solo como fuente de financiamiento, sino también para incentivar la reducción de emisiones. Los ingresos adicionales permitirían a los países con altos ingresos cumplir su obligación moral con los más pobres y vulnerables, ya que actualmente, la asistencia financiera es insuficiente.
El rol de los Impuestos
Además de abordar las desigualdades entre países, los impuestos a la contaminación pueden reducir la desigualdad dentro de los países. Incluso en economías con menores emisiones históricas, existe una brecha significativa entre la contaminación generada por la población general y la de los más ricos. La «desigualdad de carbono» refleja las desigualdades en ingresos y riqueza, siendo el 1% más rico responsable de emisiones equivalentes al 66% más pobre.
La adopción e implementación de estos impuestos han sido difíciles debido a la movilidad del capital y las personas. Sin embargo, un acuerdo internacional podría ofrecer a los países herramientas para actuar eficazmente. El multilateralismo es esencial para proteger a los más necesitados y asegurar una transición justa.
Recientemente, los estados miembros de la ONU aprobaron una resolución para establecer una Convención Marco para la Cooperación Fiscal Internacional. Esta iniciativa busca explorar políticas fiscales para recaudar recursos destinados al desarrollo sostenible y la acción climática. El G20, liderado por Brasil, está evaluando un impuesto global mínimo a los multimillonarios, que podría generar 250,000 millones de dólares anuales con una tasa del 2% sobre su riqueza.
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