Bajo el régimen de excepción en El Salvador, la seguridad ha cobrado un alto precio: miles de personas han sido detenidas sin pruebas contundentes, mientras las denuncias por violaciones a los derechos humanos aumentan. ¿Es posible equilibrar la lucha contra el crimen con el respeto a las garantías fundamentales?
Derechos Negados Latinoamérica
En El Salvador, el derecho a un juicio justo y la protección contra detenciones arbitrarias han quedado en entredicho bajo el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022. Este mecanismo, aprobado por la Asamblea Legislativa tras un fin de semana con 70 homicidios, fue diseñado para combatir a las pandillas que sembraron muerte y terror en el país. Sin embargo, tres años después, las denuncias de violaciones a los derechos humanos y detenciones injustas han ensombrecido sus resultados.
El régimen de excepción, impulsado por el partido oficialista Nuevas Ideas, permitió a las fuerzas de seguridad realizar operativos masivos en barrios y colonias históricamente controlados por las maras. “Fue una medida necesaria para recuperar la paz”, afirmó Christian Guevara, jefe de la fracción legislativa de Nuevas Ideas. Las capturas se multiplicaron: más de 60 mil personas fueron detenidas en pocos meses, según cifras oficiales. Entre ellas, no solo pandilleros, sino también civiles acusados sin pruebas contundentes.
René Merino Monroy, ministro de Defensa, destacó el papel del Ejército y la Policía en estos operativos. “Hemos recuperado territorios que estaban en manos de la delincuencia”, aseguró. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias, allanamientos sin órdenes judiciales y la falta de garantías procesales para los detenidos.
El Cecot: símbolo de la mano dura
Para albergar a los considerados “más peligrosos”, el gobierno construyó el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), una megacárcel con capacidad para 40 mil reclusos. Las condiciones dentro de este penal son extremas: celdas superpobladas, bloqueadores de señal celular y un régimen de aislamiento que ha sido criticado por su dureza. “Aquí no hay privilegios”, declaró Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, durante una visita al lugar.
Aunque las autoridades aseguran que el Cecot es un modelo de seguridad, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que las condiciones violan los estándares internacionales de derechos humanos. Además, la mezcla de pandilleros rivales en un mismo espacio ha generado tensiones y levantado preguntas sobre la efectividad de esta estrategia a largo plazo.
El Salvador: Injusticias en medio de la lucha contra el crimen
El régimen de excepción ha dejado un saldo doloroso para miles de familias. Según datos oficiales, alrededor de 5 mil personas han sido liberadas tras comprobarse que no tenían vínculos con las pandillas. Sin embargo, muchas de ellas pasaron meses o incluso años en prisión sin acceso a un juicio justo.
El Movimiento de Familiares de Víctimas del Régimen (Movir) ha surgido como una voz crítica frente a estas prácticas. “Mi hijo fue detenido sin pruebas. Lo acusaron de ser pandillero, pero solo era un joven que trabajaba para mantener a su familia”, relató un miembro de la organización, quien prefirió mantener su identidad en reserva.
La Iglesia Católica también ha alzado su voz. José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, ha insistido en la importancia de no cometer injusticias en nombre de la seguridad. “La paz no se construye con violaciones a los derechos humanos”, afirmó.
El costo político y social
El presidente Nayib Bukele ha convertido la lucha contra las pandillas en el eje central de su gobierno. Con una aprobación que supera el 80%, según encuestas, el mandatario ha logrado capital político tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, su estrategia de mano dura ha sido cuestionada por sectores que exigen un equilibrio entre seguridad y justicia.
En comunidades como La Campanera, antes dominada por las maras, el cambio es evidente. Los grafitis que glorificaban a las pandillas han sido reemplazados por murales artísticos, y los vecinos celebran la recuperación de sus calles. Pero en otras zonas, el miedo a las detenciones arbitrarias persiste.
Mientras tanto, en cárceles como la Prisión-Granja de Santa Ana o el penal La Esperanza, conocida como Mariona, los reos comunes participan en programas de reinserción social. “Aquí trabajamos, aprendemos oficios y tratamos de cambiar”, dijo un recluso. Sin embargo, para los pandilleros confinados en el Cecot, el futuro parece ser una condena perpetua.
¿Hasta cuándo el régimen de excepción?
Las autoridades insisten en que el régimen de excepción continuará “hasta que sea necesario”. Para muchos salvadoreños, esta medida ha significado un respiro tras décadas de violencia. Pero para otros, ha sido sinónimo de injusticia y violación de derechos fundamentales.
El desafío ahora es encontrar un equilibrio entre seguridad y justicia, garantizando que la lucha contra el crimen no se convierta en una herramienta de opresión. Mientras tanto, las voces de quienes han sido víctimas de detenciones arbitrarias siguen clamando por ser escuchadas en un país que busca sanar sus heridas.
