En Querétaro, el aborto sigue siendo un crimen. Mientras el país avanza hacia la despenalización, en este estado las mujeres enfrentan prisión y el acompañamiento se vuelve un acto de resistencia.
Derechos Negados Latinoamérica
En México, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo avanza lentamente. Mientras 23 estados han legalizado la interrupción del embarazo, otros ocho, como Querétaro, mantienen leyes restrictivas que criminalizan a las mujeres y al personal médico. Este estado, conocido por su desarrollo económico, contrasta con su rezago en políticas públicas y derechos reproductivos. Aquí, la clandestinidad se convierte en la única opción para muchas.
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El caso de Esmeralda, una niña de 14 años perseguida judicialmente por un aborto espontáneo después de ser abusada sexualmente expuso la crueldad del sistema. Aunque el escándalo mediático frenó su persecución, el precedente dejó en evidencia las leyes obsoletas de Querétaro, donde las mujeres enfrentan hasta tres años de prisión por abortar y los médicos, cinco.
Fanny González, activista del Colectivo Aborto Legal México, relata su propia experiencia: «Aborté en 2016, en una clínica privada, porque en las públicas el trato era horrible». La estigmatización la llevó a cuestionarse, pero también a convertirse en acompañante. «Es mi derecho a decidir», afirma. Hoy, ayuda a mujeres de todo el país y de Latinoamérica, guiándolas en un proceso que describe como «la ciencia del aborto».
«El Estado debería brindar este derecho»
En Querétaro, colectivas como Las Apapacho y Adax Digitales trabajan en la sombra. Jimena Gutiérrez explica: «El aborto es una etapa de la vida reproductiva. No todos la vivimos igual, pero si la vives, es normal». Su colectiva ofrece información y acompañamiento, asegurando que «clandestino no es sinónimo de inseguro». Mientras, Mayra Dávila, de Adax Digitales, creó bancos de misoprostol en zonas rurales, donde el acceso es difícil y el precio exorbitante. «El Estado debería brindar este derecho», reclama.
A pesar de un fallo judicial que ordenó derogar las leyes antiaborto, el Congreso de Querétaro las mantiene intactas, influenciado por grupos religiosos. Lluvia Cervantes, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, señala: «Los discursos antiderechos siguen resistiéndose». Mientras tanto, las mujeres recurren a métodos clandestinos, arriesgando su salud y libertad.
La sociedad, sin embargo, parece estar un paso adelante. «La población ya conoce el proceso, solo falta que la ley lo reconozca», dice Jimena. Fanny coincide: «Hasta que sea legal, seguiremos acompañando». Entre tanto, historias como la de una niña de 12 años, violada por su padre y obligada a abortar, revelan la urgencia de un cambio.
En Querétaro, la lucha por el derecho a decidir continúa, entre leyes obsoletas y una sociedad que, poco a poco, rompe el silencio.
