En México, hasta las candidaturas trans son robadas: seis hombres cisgénero gobiernan municipios michoacanos tras usurpar espacios destinados a mujeres trans.
Derechos Negados Latinoamérica
En un país donde la esperanza de vida para una persona trans es de apenas 35 años, la política se ha convertido en un nuevo campo de batalla. México, segundo lugar en asesinatos de personas trans en el mundo solo después de Brasil, enfrenta una crisis de representación que trasciende las cifras: seis hombres cisgénero gobiernan municipios michoacanos tras usurpar candidaturas reservadas para mujeres trans.
Uno de ellos es Apolonio Ureña, alcalde de Tumbiscatío, sancionado por el Tribunal Electoral de Michoacán por apropiarse de una candidatura trans. Ureña, un hombre cisgénero, heterosexual y casado, forma parte de un patrón que se repitió en las elecciones de 2024: hombres que, amparados en una autoadscripción sin controles, tomaron por asalto los espacios destinados a poblaciones históricamente vulneradas.
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La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de priorizar el derecho a la intimidad sobre la comprobación de una vida congruente con el género declarado dejó sin castigo a la mayoría. Solo tres de los usurpadores fueron sancionados, mientras los otros continúan ejerciendo poder.
Candidatura trans: Una cuota burlada
“Se nos entregó un listado con 96 personas registradas como mujeres trans. Cuando empezamos a revisar, nos dimos cuenta de que eran hombres cisgénero”, denuncia Renata Medina, de Pride Michoacán. Ella participó en la construcción del Observatorio de Derechos Político-Electorales en el estado, donde ya se alertaba sobre simulaciones en procesos anteriores.
Irónicamente, 31 de estos casos de usurpación provinieron de partidos tradicionalmente conservadores como el PAN, PRI y PES. Algunos candidatos incluso tomaron con mofa el tema: “Pues yo me siento mujer, díganme que no lo soy”, cuentan activistas que escucharon en entrevistas con los supuestos postulantes.
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Una lucha con rostro
La representación robada contrasta con la historia de mujeres trans que han peleado durante décadas por llegar a las esferas de decisión. Como Salma Luévano, diputada federal y titular de la Unidad de Economía Inclusiva en la Secretaría de Economía.
“Con orgullo les digo que soy la madre de las cuotas arcoíris”, afirma Salma, quien se convirtió en una de las primeras legisladoras trans del Congreso mexicano. En 2021 llegó a San Lázaro representando a un país donde, asegura, muchas veces se enfrentó al rechazo por ser trans, trabajadora sexual y estilista. Pero su llegada no fue solo un triunfo personal: fue el símbolo de un avance colectivo.
“Mi primer día en el Congreso llegué con un vestido transparente de lentejuelas y plataformas. Era mi forma de decir: aquí estamos. Por fin llegaron mujeres trans al Congreso”, rememora.
La otra cara de la inclusión
Pero la inclusión no siempre se traduce en transformación estructural. En Tepito, Victoria Sámano, activista trans y fundadora de Casa LLECA, relata cómo el abandono institucional obligó a abrir su propio hogar durante la pandemia para recibir a mujeres trans en situación de calle.
Hoy, su organización ofrece ayuda integral a personas LGBT+, muchas veces migrantes, trabajadoras sexuales o con problemas de adicción. Para Victoria, las cuotas sin respaldo político son solo una fachada: “Estas diputadas presentaron buenas iniciativas, pero sus partidos no las respaldaron. A veces solo son utilizadas para que los partidos se vean incluyentes”, denuncia.
Las acciones afirmativas, señala Sámano, no están diseñadas para garantizar una participación real de la población trans, sino que muchas veces benefician a hombres homosexuales cisgénero o se convierten en simulaciones.
Una estructura deficiente
En opinión de Irene Valdivia, activista trans en Michoacán, el problema está en la raíz: “No se han creado espacios verdaderos para personas trans. Nunca existió la posibilidad de votar por una persona trans abiertamente, sino solo simulaciones”.
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El uso indiscriminado de la figura de autoadscripción ha abierto puertas para la manipulación. Valdivia recuerda el caso de un alcalde que se registró como persona con discapacidad por tener miopía y astigmatismo: “Eso nos habla de cómo los partidos están regalando estos puestos, sin filtros, sin protocolos, sin control”.
Una democracia simulada
La consejera del INE, Norma Irene de la Cruz, reconoce que el sistema actual es fácilmente manipulable. “Tenemos que regular por ley las acciones afirmativas para poder sancionar. No se trata de eliminar la autoadscripción, sino de establecer mecanismos de verificación razonables”.
La experiencia demuestra que, sin voluntad política real, las cuotas no bastan. En 2024, México vivió su año más letal para personas trans: 59 mujeres trans fueron asesinadas, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+. La urgencia de una Ley Integral Trans, como existe en otros países, se ha vuelto ineludible.
“Hablamos de salud, vivienda, trabajo, educación, justicia. Todo en una sola ley. Por eso es integral. Porque intentamos cubrir todas las carencias que vivimos las personas trans”, afirma Sámano.
Una deuda pendiente
Hoy, solo cinco personas de la diversidad sexual ocupan una curul en el Congreso mexicano, y una más en el Senado. Son cifras simbólicas, pero insuficientes para revertir siglos de exclusión. “Es importante que haya representaciones legítimas. Porque si no estamos en la mesa de decisiones, nadie más llevará nuestra agenda”, insiste Luévano.
La representación política no es solo una cuestión de número, sino de legitimidad. De devolverle la voz a quienes les fue arrebatada, incluso dentro de los espacios ganados a pulso.
Mientras los tribunales se debaten entre derechos individuales y justicia social, la comunidad trans sigue exigiendo lo básico: que no se les robe, otra vez, la oportunidad de ser vistas, escuchadas y respetadas.