Colombia enfrenta una emergencia silenciosa: el sistema de salud colapsa entre deudas impagables, corrupción sin castigo y miles de pacientes sin atención.
Derechos Negados Latinoamérica
El sistema de salud colombiano atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Millones de ciudadanos enfrentan demoras en tratamientos, escasez de medicamentos y la posible desaparición de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que amenaza con dejar sin cobertura a una parte significativa de la población.
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Las EPS acumulan pérdidas por 9,6 billones de pesos en lo que va de 2024, de las cuales el 70% corresponde a entidades intervenidas por el gobierno, como Nueva EPS, Sanitas y Savia Salud. La mora en el pago a clínicas y proveedores supera el 54%, con una cartera vencida por encima de los 18 billones. El gobierno ha advertido que al menos ocho EPS podrían ser liquidadas en 2025.
Desabastecimiento de medicamentos y crisis humanitaria en aumento
A este panorama se suma el desabastecimiento de medicamentos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas y huérfanas, quienes enfrentan demoras de hasta varios meses para acceder a sus tratamientos, lo que ha incrementado el uso de acciones judiciales en un 15% durante el último año. En ciudades como Cali, más de 4.000 personas acudieron a la Alcaldía en 2025 para conseguir medicamentos, en su mayoría afiliadas a EPS intervenidas. Aunque la Resolución 542 de 2025 buscaba mejorar el acceso a medicamentos de alto costo, organizaciones como Fecoer (Federación Colombiana de Enfermedades Raras) la consideran insuficiente y alejada de una solución estructural.
Sistema de salud en colapso
El sistema también sufre de un subfinanciamiento crónico. El aumento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 es visto como inadecuado frente al incremento del 9,54% en el salario mínimo, lo que ha generado un déficit estimado de 3 billones de pesos para las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). La Corte Constitucional ordenó al gobierno recalcular la UPC y saldar pagos pendientes de presupuestos máximos, pero el Ministerio de Salud ha pospuesto su cumplimiento.
Corrupción y falta de control: una bomba de tiempo
A esto se suman los escándalos por corrupción. Se investigan desvíos billonarios en contratos durante la pandemia, muchos de ellos sin auditoría alguna. La Superintendencia de Salud es señalada por la falta de control efectivo, permitiendo que tanto EPS como IPS acumulen deudas sin consecuencias reales.
Reforma fallida y descontento ciudadano: crisis del sistema de salud colombiano
La crisis institucional también se refleja en el fracaso de la reforma sanitaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que buscaba eliminar las EPS. Archivada en 2024 por falta de consenso, una nueva propuesta que las transforma en “Gestoras de Salud” avanza en el Congreso, aunque ha sido criticada por expertos por su posible centralización excesiva sin garantizar mayor eficiencia. Mientras el debate político se prolonga, una encuesta reciente indica que el 25% de los colombianos considera la salud como el problema más urgente del país, por encima incluso de la inseguridad y la corrupción.
Consecuencias humanas: muertes evitables y hospitales colapsados
Las consecuencias humanas son ya evidentes: largas filas en hospitales de ciudades como Bogotá y Cali, aumento de muertes evitables por interrupciones en tratamientos de cáncer, VIH y enfermedades huérfanas, y un colapso progresivo de los servicios hospitalarios. En 2024, más de 1.200 prestadores cerraron operaciones por falta de pago.
¿Soluciones posibles o medidas insuficientes?
Entre las soluciones propuestas por analistas del sector están el aumento de la UPC ajustado por inflación y costos reales, la creación de fondos de emergencia para saldar deudas con proveedores, auditorías forenses para combatir la corrupción y una mejor integración entre redes hospitalarias públicas y privadas. Pero mientras estas propuestas siguen sin concretarse, la crisis escala, empujando al sistema al borde del colapso. La pregunta que queda es si las respuestas gubernamentales llegarán a tiempo para evitar una tragedia humanitaria mayor.
