Miles de mujeres indígenas y pobres fueron esterilizadas sin su consentimiento en Perú durante el régimen de Alberto Fujimori. Tres décadas después, siguen esperando justicia por una de las violaciones de derechos humanos más graves del país.
Derechos Negados Latinoamérica
Las heridas siguen abiertas. Casi tres décadas después, miles de mujeres peruanas siguen luchando por justicia tras ser víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Sus historias revelan uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del Perú.
Rosa Reátegui: «No disfruto estar viva»
Rosa Reátegui tenía solo 26 años cuando fue esterilizada sin su consentimiento. Vivía en un pueblo de la selva peruana y acababa de dar a luz a su cuarto hijo. Promotores de salud llegaron a su casa para ofrecerle un supuesto programa de planificación familiar. Nunca le explicaron que sería sometida a una ligadura de trompas.
“Grité, grité… pero el médico dijo: ‘Si no se calma, échenla’”, relata Rosa, entre lágrimas.
Aún atada a la camilla, sintió el metal frío de los instrumentos quirúrgicos. El dolor físico fue devastador, pero la herida emocional fue aún más profunda. Su testimonio es uno de los más de 2,000 que han sido documentados por organizaciones de derechos humanos en Perú.
Un patrón sistemático: mujeres pobres, indígenas y rurales
Las víctimas de las esterilizaciones forzadas tienen algo en común: eran mujeres pobres, indígenas y con varios hijos. Fueron seleccionadas como parte de una estrategia estatal para reducir la natalidad en zonas rurales.
Inés Condori, esterilizada en Cusco en 1995, despertó tras una “operación simple” para descubrir que ya no podría tener más hijos. Fue expulsada del hospital sangrando, y le dijeron que su esposo la abandonaría.
Victoria Vigo, otra sobreviviente, vivió persecución tras denunciar su caso. Perdió a su bebé y su fertilidad. “¿Cómo alguien decide por ti?”, se pregunta con la voz quebrada.
¿Qué pasó entre 1996 y 2000?
De acuerdo con el Ministerio de Salud del Perú, entre 1996 y 2000 se registraron más de 2,000 casos de esterilizaciones sin consentimiento. La mayoría de estas intervenciones ocurrieron en comunidades de la sierra y la selva peruana, donde el acceso a información y servicios legales era limitado.
Un informe de Naciones Unidas (2024) calificó esta política como violencia sistemática contra mujeres indígenas y en situación de pobreza. La impunidad, sin embargo, ha sido constante.
Fujimori y Aguinaga: la defensa de lo indefendible
Alberto Fujimori negó hasta su muerte en 2023 haber ordenado esterilizaciones forzadas. Su exministro de Salud, Alejandro Aguinaga —actual congresista— sigue defendiendo el programa, argumentando que se trataba de una política para reducir la mortalidad materna.
En 2024, un recurso legal presentado por Aguinaga logró que el caso volviera a fojas cero. La Fiscalía ahora debe reformular la acusación bajo el nuevo Código Penal, lo que representa otro retroceso en el camino hacia la justicia.
Reparación simbólica sin justicia real
Aunque en 2015 se creó un Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas y en 2022 el Poder Judicial ordenó reparaciones, el Ministerio de Justicia aún no ha implementado una política clara de reparación.
“Me siento burlada”, dice Rosa, al conocer que su caso sigue estancado.
“Que reconozcan este crimen de lesa humanidad”, exige Inés.
Mientras tanto, las hijas de las sobrevivientes marchan por las calles exigiendo justicia. Gritan con fuerza: “Somos las que no pudiste esterilizar”. La memoria sigue viva. La lucha también.
